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Hemorragia interna
24-febrero-2012
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Los primeros días de este mes, se presentaron dos importantes reportes relacionados con la economía nacional. Por un lado, el Global Financial Integrity, un instituto con sede en Washington, DC, dio a conocer un estudio denominado “México: Flujos Financieros Ilícitos, Desequilibrios Macroeconómicos y la Economía Sumergida”. Por el otro, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el estudio “Políticas y Regulación de Telecomunicaciones en México, OECD” ambos documentos fueron concluyentes en su dictamen, y como si se tratara de un paciente grave en el quirófano, las conclusiones de estos reportes se pueden traducir en que México sufre de una hemorragia interna.

Los reportes citados hacen evidente lo que sospechábamos: nuestros sistemas tributario, financiero y competitivo son propicios para la comisión de prácticas comerciales y empresariales ilegales, los monopolios y el lavado de dinero forman parte de nuestra realidad cotidiana y los órganos reguladores del Estado han aprendido a convivir con ellos como si fueran problemas coyunturales que no urge resolver.

Aunque diferentes en su enfoque y en la materia de análisis, los documentos coinciden en que en nuestro país se generan pérdidas económicas tan grandes que resultan difíciles de concebir. Veamos las cifras: el informe del Global Financial Integrity señala que el flujo saliente del capital ilícito en la última década asciende a $49,600.00 millones de dólares por año, sin considerar el narcotráfico, la trata de personas, y demás actividades fraudulentas que no se pueden analizar a través de estadísticas. Por su parte, el estudio de la OCDE menciona que la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones se estima en $129,200.00 millones de dólares entre 2005 y 2009.

El Global Financial Integrity argumenta que el lavado de dinero y la evasión representan una pérdida de miles de millones del presupuesto del país; estima que México perdió $872 billones de dólares entre 1970 y 2010. Los montos representan una pérdida anual de 6.1% del producto interno bruto. Cabe destacar que el documento define por dinero ilícito a todo aquel que sea ilegal por su origen, destino o movimiento. En este sentido, todas las estimaciones se basan en transferencias internacionales de dinero ilícito sin tomar en cuenta el que se blanquea dentro del país, por lo que las cantidades señaladas pueden considerarse conservadoras.

Raymond Baker, director del Global Financial Integrity, comentó en un encuentro con organizaciones de la sociedad civil que la forma más común en las que el dinero ilegal fluye en México es por la facturación fraudulenta. Además agregó que los saldos del dinero ilícito se dispararon a partir de que se suscribió el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Ahora bien, la OCDE en su informe señala que las telecomunicaciones en México están dominadas por una sola compañía que acapara el 80% del mercado de telefonía fija y 70% de la telefonía móvil. El informe menciona además que México, aparte de encontrarse en los últimos lugares de competitividad dentro de los que integran la OCDE por los altos precios de los servicios, ocupa el último lugar en términos de inversión per cápita en ese sector. La pérdida económica se estima hasta en 1.8% del PIB. El dictamen señala que la competencia se ve afectada por las propias autoridades que permiten que en todos los segmentos del mercado exista una empresa dominante que obstaculiza la competencia efectiva.

Ambos reportes son una muestra reciente de las grandes perdidas que le representa a México mantener al Estado al margen de la actividad económica, sin cumplir o cumpliendo parcialmente con las funciones de control y regulación de dichas áreas. Con respecto a los flujos ilícitos de dinero, se pueden apreciar deficiencias al sistema tributario ya que éste no tiene capacidad de identificar la falsa facturación. En lo que respecta al control del sistema financiero, no se logra hacer una labor de inteligencia y de detección de lavado de dinero ya que nuestro sistema jurídico carece de una regulación adecuada que evite dicho flujo. En cuanto al informe de la OCDE, se aprecia que la regulación del sistema competencia en el mercado ha favorecido a los monopolios a pesar del alto costo en la economía de los mexicanos. Finalmente, en cuanto a la regulación de las telecomunicaciones, dichas trabas han retrazado la incursión de nuestro país en la televisión y el radio digital, lo que abriría el sector a mayores opciones y a precios verdaderamente competitivos. Problemas similares existen en muchas otras áreas en las que la ineficacia del Estado en su conjunto mantiene al país en un período de desarrollo lento y pausado, como es el campo, las industrias extractivas o la educación.

Una de las principales barreras que evitan que estemos en condiciones de superar los rezagos y la enorme brecha de desigualdad que existe en nuestra sociedad, es precisamente la incongruencia entre el mandato legal de las instituciones y su quehacer en la práctica. Nosotros como ciudadanos debemos exigir mayor rendición de cuentas y transparencia en las funciones de los órganos reguladores del Estado ya que la hemorragia interna que sufre México se refleja en nuestros bolsillos y en la calidad de los servicios a los que tenemos derecho.



Óscar Arredondo es investigador del Área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar.

*Para consultar los informes completos, dar clic aquí y aquí.

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Fundar, Centro de Análisis e Investigación

En este espacio plural encontrarás la opinión de algunos investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre temas imprescindibles de la agenda nacional con la intención de avanzar hacia una democracia sustantiva.

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Oscar Arredondo Pico es abogado por la Universidad Intercontinental, ha trabajado, en el sector público tanto en el poder Ejecutivo como en el Judicial en Áreas relacionadas con la regulación jurídica y la comunicación social, respectivamente, en el sector privado se ha desempeñado como abogado independiente y consultor.

Mariana González Armijo estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana Puebla. Maestra en Ciencia de la Sustentabilidad por la Universidad de Lund en Suecia. Su investigación con dicha institución se enfocó a procesos de desarrollo y los vínculos entre la ayuda externa, el empoderamiento y la participación, a través de un estudio de caso en Honduras.

Simone Bettina Haf es licenciada y Maestra en Ciencias Regionales de América Latina y el Caribe de la Universidad de Colonia, Alemania. Tiene un Diplomado en Derechos Humanos y Participación de la Universidad Iberoamericana y actualmente cursa una Maestría en Liderazgo Organizacional en el Instituto Mexicano de Psicoterapia Gestalt. Trabajó seis años como periodista en un diario alemán y desde el 2004 desarrolla actividades profesionales en México, en ámbitos de comunicación, gestión de conocimiento y desarrollo institucional. Ha colaborado con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Fundación Friedrich Ebert en temas de Transparencia y Acceso a la Información, Derechos Humanos, Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva

Liliana Ruiz Ortega es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, realizó la Maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago (2005-2007). Ha sido asesora tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, especializada en temas económicos, evaluación de programas, y análisis presupuestal. Trabajó en el Banco Mundial, sede en Washington DC como consultora en el Independent Evaluation Group, donde colaboró en la realización de diversas evaluaciones en países como Jamaica, Camerún y Nigeria, así como en la Evaluación del Plan de Acción en Africa.

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