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Una sospecha legítima
03-febrero-2012
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Foto: cortesia de impulsopolitico.com.mx


El 29 de noviembre de 2011, las comunidades de Santa Úrsula y Paso Canoa del municipio de Tuxtepec y la comunidad Cerro de Oro del municipio de San Lucas Ojitlán, en Oaxaca, manifestaron que no aceptaban el proyecto alternativo de conversión de la presa Cerro de Oro en hidroeléctrica, impulsado por las empresas Comexhidro, Electricidad de Oriente y la norteamericana Conduit Capital. Las comunidades consideran que no tienen información suficiente, independiente y confiable sobre las implicaciones que el proyecto pudiera tener sobre la seguridad de sus comunidades y el medio ambiente. Esta posición ha sido cuestionada por algunos funcionarios públicos como el subsecretario de gobierno del estado de Oaxaca, Cruz López, algunos funcionarios de Conagua, los empresarios interesados, y hasta por algunos medios de comunicación que señalan que la opinión de las comunidades es motivada por suposiciones y sospechas infundadas.

En contraste con esta serie de expresiones, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundar, reconocen y apoyan la decisión de las comunidades. Es evidente que no les fue respetado su derecho a la consulta previa e informada y en consecuencia, han actuado bajo el principio de precaución frente a un proyecto del que no se ha producido información amplia y exhaustiva que responda a sus preocupaciones y el temor natural de ver su vida afectada de manera irreversible.

En una coyuntura como ésta, en donde el acceso a la información relativa a la seguridad de las personas y del medio ambiente es apremiante e indispensable, las autoridades gubernamentales, específicamente Conagua y Semarnat, han actuado de forma muy desafortunada. Muestra de ello es que Fundar solicitó a Conagua la información más actualizada sobre el estado de seguridad de la presa Cerro de Oro, a lo que la dependencia respondió con el envío de un informe de Inspección de Seguridad y Revisión de los Equipos Mecánicos y Eléctricos de la Presa con fecha del 2003. Esta respuesta invita a las sospechas: que las actividades para vigilar la seguridad de la presa se reducen a la revisión de equipos mecánicos y eléctricos, que no se han repetido dichas inspecciones en los años más recientes, o bien, que no se toma en serio el derecho a la información. Cualquiera de las hipótesis deja mal parada a la dependencia.

De igual forma, desde Fundar solicitamos a Conagua la medición de los instrumentos usados para vigilar la operación y funcionamiento en la cortina de la presa Cerro de Oro en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca, de los años 2009, 2010 y 2011. Esto después de conocer un estudio sobre el Arroyo Sal y la posibilidad de afectación por el proyecto original de conversión hidroeléctrica, realizado por el Doctor en ciencias Raúl Flores Berrones, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El Dr. Flores, experto en seguridad de presas, señaló en su estudio que dichos instrumentos estaban obsoletos desde hacía un par de años, por lo que tenían que ser sustituidos por la dependencia. Conagua, violentando el derecho a la información, optó por no contestar la solicitud y sólo frente a un recurso de revisión promovido por Fundar, declaró como reservada dicha información por causas de seguridad nacional.

El papel de Semarnat tampoco cumple con las expectativas de apertura y transparencia proactiva. A esta dependencia le solicitamos el estudio de impacto ambiental del proyecto de conversión de la presa en hidroeléctrica, y lo que nos fue entregado fue un estudio ambiental sobre las modificaciones hechas al proyecto original. Es decir, no nos entregaron el primer estudio realizado al proyecto original.

A estos comportamientos de cerrazón, insensibilidad y de falta de reconocimiento del derecho a la información de las personas por parte de las autoridades, se suman fallas y omisiones a la hora de conceder permisos y derechos: fue así como autorizaron la realización del proyecto original de conversión hidroeléctrica sin considerar que sí existirían afectaciones al medio ambiente, como después se comprobó con el estudio del Dr. Raúl Flores Berrones.

Frente a este escenario, la sospecha que cabe en la mente y en los corazones de las personas que viven en las cercanías de la presa es legítima. Y de existir el ánimo entre las y los servidores públicos para reducirlas, se observaría mayor proactividad y transparencia para informar exhaustivamente sobre las condiciones actuales de la presa. Los impactos ambientales por lo general se conocen hasta después de realizados los proyectos porque no existe la suficiente precaución para estimarlos y ponderarlos con los beneficios que se obtendrán. Lamentablemente, cuando ese momento llega, ya es demasiado tarde para tomar acciones en un rumbo diferente y todos tenemos que enfrentar los costos de nuestra intransigencia.



Daniela Ramírez es investigadora del área de Fortalecimiento de Capacidades Ciudadanas de Fundar.



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*Para ver los documentos relativos al proceso de negociación, ver: http://www.accountabilitycounsel.org/Accountability_Counsel/Mexico_Espanol.html

*Clic abajo para ver el Convenio 169 de la OIT: http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml

*Para más información sobre este tema en medios, dar clic abajo: http://www.prensaindigena.org.mx/?q=content/m%C3%A9xico-dicen-comunidades-no-hidro-el%C3%A9ctrica

http://publimetroblogs.com/trapitosalsol/2012/01/26/%c2%bfdesarrollo-para-quien-el-derecho-a-la-consulta/

http://www.revistaenmarcha.com.mx/reportaje/893.html



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En este espacio plural encontrarás la opinión de algunos investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre temas imprescindibles de la agenda nacional con la intención de avanzar hacia una democracia sustantiva.

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Oscar Arredondo Pico es abogado por la Universidad Intercontinental, ha trabajado, en el sector público tanto en el poder Ejecutivo como en el Judicial en Áreas relacionadas con la regulación jurídica y la comunicación social, respectivamente, en el sector privado se ha desempeñado como abogado independiente y consultor.

Mariana González Armijo estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana Puebla. Maestra en Ciencia de la Sustentabilidad por la Universidad de Lund en Suecia. Su investigación con dicha institución se enfocó a procesos de desarrollo y los vínculos entre la ayuda externa, el empoderamiento y la participación, a través de un estudio de caso en Honduras.

Simone Bettina Haf es licenciada y Maestra en Ciencias Regionales de América Latina y el Caribe de la Universidad de Colonia, Alemania. Tiene un Diplomado en Derechos Humanos y Participación de la Universidad Iberoamericana y actualmente cursa una Maestría en Liderazgo Organizacional en el Instituto Mexicano de Psicoterapia Gestalt. Trabajó seis años como periodista en un diario alemán y desde el 2004 desarrolla actividades profesionales en México, en ámbitos de comunicación, gestión de conocimiento y desarrollo institucional. Ha colaborado con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Fundación Friedrich Ebert en temas de Transparencia y Acceso a la Información, Derechos Humanos, Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva

Liliana Ruíz Ortega es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, realizó la Maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago (2005-2007). Ha sido asesora tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, especializada en temas económicos, evaluación de programas, y análisis presupuestal. Trabajó en el Banco Mundial, sede en Washington DC como consultora en el Independent Evaluation Group, donde colaboró en la realización de diversas evaluaciones en países como Jamaica, Camerún y Nigeria, así como en la Evaluación del Plan de Acción en Africa.

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