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México: una frontera para la humanidad
20-enero-2012
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En la actualidad existen personas que no tienen un lugar en la tierra y con ello, una absoluta desprotección de sus derechos; son absolutamente prescindibles. Es el caso de las 71 personas guatemaltecas desalojados violentamente del ejido Nuevo Progreso, en el municipios de Tenosique, Tabasco, el pasado 9 de enero por agentes de diversas instancias gubernamentales, que incluían al Instituto Nacional del Migración (INM) y la Policía Federal Preventiva (PFP).

En América Latina y el Caribe, la migración tiene un rostro desolador: año con año, hombres, mujeres, jóvenes y niños/as son forzados a abandonar sus hogares por razones económicas o bien para buscar refugio como consecuencia de catástrofes humanas, conflictos armados, persecución o violencia extrema. Paradójicamente, el refugio a personas centroamericanas fue un capítulo de especial relevancia en la historia contemporánea de nuestro país. A lo largo de tres décadas, México abrió las puertas a personas de Guatemala, Nicaragua y El Salvador que buscaban refugio dada la grave situación de violencia que prevaleció en sus países hasta principios de la década de los 90.

En las declaraciones vertidas a propósito de los hechos en Tenosique –y en el discurso de las autoridades involucradas en el desalojo, donde al parecer participaron poco más de 300 agentes mayoritariamente del INM y de la PFP–, se constata la persistencia de una visión fragmentada en las instituciones y autoridades del Estado mexicano.

Por un lado, refieren a personas a quienes en teoría les son reconocidos sus derechos y garantizados los mecanismos jurídicos para su pleno ejercicio y debida protección (principalmente ciudadanos nacionales o personas con estatus migratorio regular). Por otro, personas quienes por carecer de este estatus no cuentan ni con el reconocimiento ni con las garantías mínimas para la protección de sus derechos. Este es el caso de las y los migrantes que llegan a o atraviesan nuestro país y a quienes, como resultado de esta última clasificación arbitraria, se les coloca en una situación todavía más grave de vulnerabilidad y discriminación.

El desalojo realizado en el municipio de Tenosique, Tabasco, muestra un Estado mexicano indiferente a cumplir con sus obligaciones en el marco del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. El INM desmintió que la operación haya sido violenta y externó que durante la misma, prevaleció el respeto a los derechos humanos de las personas que ahí se encontraban.

Sin embargo, después de revisar las comunicaciones de las organizaciones de derechos humanos y escuchar los testimonios de algunas de las víctimas, más allá de las declaraciones oficiales en los medios, me surgen las siguientes preguntas: ¿por qué la necesidad de irrumpir a las cinco de la mañana para realizar una “revisión migratoria”? ¿Por qué la presencia de tan numeroso contingente de autoridades federales para dicha revisión? ¿Por qué la necesidad de plantear la repatriación “voluntaria” antes revisar las condiciones que los obligaron a salir de su país?

Desde mi perspectiva, un piso mínimo de respeto y protección a los derechos humanos obligaría al Estado mexicano a contar con políticas públicas efectivas para atender las necesidades de estos grupos. Las y los migrantes, nos guste o no, son parte del tejido social de México. Por ende, el Estado tiene que implementar acciones concretas y efectivas para garantizar y promover sus derechos humanos antes de percibirlos como un problema y en consecuencia, tratarlos como tal.



Miguel Moguel es coordinador del área de Derechos Humanos de Fundar.



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Acerca del autor
 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación

En este espacio plural encontrarás la opinión de algunos investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre temas imprescindibles de la agenda nacional con la intención de avanzar hacia una democracia sustantiva.

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Oscar Arredondo Pico es abogado por la Universidad Intercontinental, ha trabajado, en el sector público tanto en el poder Ejecutivo como en el Judicial en Áreas relacionadas con la regulación jurídica y la comunicación social, respectivamente, en el sector privado se ha desempeñado como abogado independiente y consultor.

Mariana González Armijo estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana Puebla. Maestra en Ciencia de la Sustentabilidad por la Universidad de Lund en Suecia. Su investigación con dicha institución se enfocó a procesos de desarrollo y los vínculos entre la ayuda externa, el empoderamiento y la participación, a través de un estudio de caso en Honduras.

Simone Bettina Haf es licenciada y Maestra en Ciencias Regionales de América Latina y el Caribe de la Universidad de Colonia, Alemania. Tiene un Diplomado en Derechos Humanos y Participación de la Universidad Iberoamericana y actualmente cursa una Maestría en Liderazgo Organizacional en el Instituto Mexicano de Psicoterapia Gestalt. Trabajó seis años como periodista en un diario alemán y desde el 2004 desarrolla actividades profesionales en México, en ámbitos de comunicación, gestión de conocimiento y desarrollo institucional. Ha colaborado con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Fundación Friedrich Ebert en temas de Transparencia y Acceso a la Información, Derechos Humanos, Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva

Liliana Ruiz Ortega es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, realizó la Maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago (2005-2007). Ha sido asesora tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, especializada en temas económicos, evaluación de programas, y análisis presupuestal. Trabajó en el Banco Mundial, sede en Washington DC como consultora en el Independent Evaluation Group, donde colaboró en la realización de diversas evaluaciones en países como Jamaica, Camerún y Nigeria, así como en la Evaluación del Plan de Acción en Africa.

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