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¿Dónde están las prioridades del INM?
14-diciembre-2011
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Durante 2012, a raíz de un trabajo de incidencia realizado por Fundar, el Instituto Nacional de Migración (INM) estará obligado a informar a la Cámara de Diputados, a través de informes trimestrales de carácter público, cuántos recursos se destinan a cada uno de los cuatro programas de protección a migrantes que implementa. Este hecho tiene implicaciones mayúsculas, ya que por primera ocasión desde que el INM fue fundado en 1993, las y los ciudadanos de cualquier país del mundo podremos identificar cuál es la prioridad de este instituto: si implementar una política de control migratorio o proteger a los y las migrantes en México –sin importar su condición migratoria como lo estipula la nueva Ley de Migración y los convenios internacionales que México ha firmado–.

De acuerdo con el Art. 60 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, el INM deberá informar a la Cámara cuántos recursos destina a los siguientes programas:

1. Grupos Beta de Protección al Migrante, creado en 1990
2. Programa Paisano, creado en 1993
3. Oficiales de Protección a la Infancia, creado en 2007
4. Programa de Repatriación Humana, creado en 2008

Esto permitirá identificar, además, si los montos que se destinan a estos programas corresponden al flujo y a las necesidades de las personas que pasan por nuestro país o que regresan a México, voluntariamente o deportadas por las autoridades de EUA. Por ejemplo, en 2010, un total de 636,985 mexicanos (as) fueron deportados (as) por las autoridades de aquel país a los estados que integran la frontera norte de México. María es una de ellas. Después de vivir 25 años en Estados Unidos, esta mujer zacatecana fue deportada en julio de este año. Fue una madrugada cuando agentes de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) entraron a su casa, la sacaron a jaloneos y la deportaron junto con su esposo y su hijo mayor. Sus dos hijas, con pasaporte estadounidense, se quedaron en California. María regresó a Zacatecas con su esposo e hijo, donde ya no conocen a nadie.

Existen dos esquemas principales del Gobierno federal para atender a María y a los cientos de miles de personas deportadas de EUA. Uno de ellos es el Programa de Repatriación Humana (PRH); el otro es el Fondo de Apoyo a Migrantes que cuenta con un presupuesto de 450 millones de pesos para 2012. Conocer cuántos recursos se destinan a estos programas y fondos nos permitirá a las organizaciones y personas que trabajamos con y por las y los migrantes evaluar si estos corresponden a la magnitud y a las necesidades de personas como María.

La idea es contar con evidencia que sirva para ejercer mayor presión al Gobierno federal y al Congreso con el objetivo de que destinen mayores recursos a estos –y otros– programas que ayudan a proteger los derechos humanos de las y los migrantes en México. Esta idea va de la mano con una de las recomendaciones emitidas por más de 186 representantes de organizaciones civiles a 160 gobiernos en el marco del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en Ginebra, donde Fundar participó activamente.

Sin embargo, para que esto sea posible, se requiere que el Instituto Nacional de Migración cumpla con el mandato de la Cámara: reportar trimestralmente cuántos recursos canaliza a estos cuatro programas. La Secretaría de Gobernación, quien lleva la batuta de la política migratoria, deberá supervisar y garantizar que así sea. Por su parte, la Cámara de Diputados, particularmente la Comisión ordinaria de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y la Comisión especial sobre Migración, deberán dar puntual seguimiento a esta responsabilidad. Finalmente, las organizaciones y personas que defendemos y protegemos los derechos de las y los migrantes no debemos quitar el dedo del renglón para que el Ejecutivo y el Legislativo cumplan con su responsabilidad. Porque la dignidad no tiene estatus migratorio.



Rodolfo Córdova es investigador de Fundar.



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Acerca del autor
 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación

En este espacio plural encontrarás la opinión de algunos investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre temas imprescindibles de la agenda nacional con la intención de avanzar hacia una democracia sustantiva.

NOTA: las fotografías mostradas no corresponden a los autores, se está trabajando para poner las que sí corresponden.

Oscar Arredondo Pico es abogado por la Universidad Intercontinental, ha trabajado, en el sector público tanto en el poder Ejecutivo como en el Judicial en Áreas relacionadas con la regulación jurídica y la comunicación social, respectivamente, en el sector privado se ha desempeñado como abogado independiente y consultor.

Mariana González Armijo estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana Puebla. Maestra en Ciencia de la Sustentabilidad por la Universidad de Lund en Suecia. Su investigación con dicha institución se enfocó a procesos de desarrollo y los vínculos entre la ayuda externa, el empoderamiento y la participación, a través de un estudio de caso en Honduras.

Simone Bettina Haf es licenciada y Maestra en Ciencias Regionales de América Latina y el Caribe de la Universidad de Colonia, Alemania. Tiene un Diplomado en Derechos Humanos y Participación de la Universidad Iberoamericana y actualmente cursa una Maestría en Liderazgo Organizacional en el Instituto Mexicano de Psicoterapia Gestalt. Trabajó seis años como periodista en un diario alemán y desde el 2004 desarrolla actividades profesionales en México, en ámbitos de comunicación, gestión de conocimiento y desarrollo institucional. Ha colaborado con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Fundación Friedrich Ebert en temas de Transparencia y Acceso a la Información, Derechos Humanos, Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva

Liliana Ruiz Ortega es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, realizó la Maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago (2005-2007). Ha sido asesora tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, especializada en temas económicos, evaluación de programas, y análisis presupuestal. Trabajó en el Banco Mundial, sede en Washington DC como consultora en el Independent Evaluation Group, donde colaboró en la realización de diversas evaluaciones en países como Jamaica, Camerún y Nigeria, así como en la Evaluación del Plan de Acción en Africa.

www.fundar.org.mx


 
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