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Una mirada ciudadana contra la violencia
13-diciembre-2011
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El 7 de diciembre pasado, el Monitor Civil de la Policía (Mocipol) presentó su informe de cuatro años de actividades de documentación y seguimiento a más de 400 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las instituciones policiales y las fuerzas armadas que operan en la Región de la Montaña, Guerrero. La presentación se dio en la sede del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), poco después de la conferencia de prensa en la que miembros de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad denunciaron la desaparición de los ecologistas y defensores de derechos humanos Marcial Bautista y Eva Alarcón de Petatlán, Guerrero y Don Trinidad de la Cruz de Ostula, Michoacán, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado horas más tarde. Las dos conferencias de prensa evidenciaron el impacto dramático que tiene la falta de condiciones de seguridad en la vida cotidiana de la población local. A su vez, esta visibilización de la violencia en dos regiones mayoritariamente campesino e indígena, destacó el invaluable papel de las y los defensores de derechos humanos que, bajo condiciones de riesgo y amenazas, no sólo denuncian los hechos sino que aportan a la elaboración de propuestas alternativas de seguridad desde modelos que tienen en su centro a las personas.

En el caso del Mocipol, el proyecto representa el único esfuerzo de la sociedad civil en México que dirige sus actividades a supervisar las instituciones policiales y a su vez, defiende a las víctimas. Es mediante una sistematización cuidadosa de los casos en que el equipo del Mocipol detecta patrones de violaciones y los vinculan con una serie de factores institucionales que hacen del abuso una práctica permisible. Esta labor se ha ido desarrollando desde que este Monitor abrió sus oficinas en noviembre 2007; precisamente con la finalidad de responder a los altos índices de violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones de seguridad pública y del Ejército, junto con las condiciones de impunidad que impiden que las víctimas puedan acceder a la justicia en la Montaña. El proyecto surge desde la articulación de capacidades y perspectivas de tres organizaciones, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) y Fundar, Centro de Análisis e investigación.

Tras la sistematización de los 413 casos registrados en estos cuatro años, el Mocipol presentó en su informe los principales hallazgos. La coordinadora del proyecto, Matilde Pérez, señaló que el 44% de los casos fueron cometidos por un destacamento de la Policía Ministerial que es conformada por sólo treinta elementos. En el 66% de estos casos se documentaron una serie de violaciones de derechos humanos que tienen en su centro la extorsión por montos de hasta $50,000 pesos. En términos proporcionales, la institución que cometió menos abusos fue la Policía Municipal Preventiva. Aunque vale precisar que a pesar de ser responsable del 31% del total de casos documentados, estos se dividen entre más de 500 elementos. La institución que cometió las violaciones más graves fue el Ejército. Durante operativos contra la delincuencia organizada, el Mocipol documentó casos en que soldados fueron responsables de ejecuciones extrajudiciales, allanamientos de morada, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Más allá de los resultados específicos que se pueden consultar en línea, nos interesa resaltar que experiencias como las del Mocipol responden a un aprendizaje compartido por otras organizaciones de derechos humanos en el continente que trabajan en contextos de guerra, como es el caso de Colombia. Estas experiencias nos señalan la relevancia de llevar una documentación minuciosa de los patrones de violaciones para evidenciar los impactos de las políticas de seguridad del gobierno en turno. La elaboración de evidencia empírica se vuelve así una herramienta poderosa que permite generar mecanismos de control ciudadano sobre el actuar de las instituciones que tienen la obligación de garantizar y proteger los derechos humanos de la población. Es un aspecto indispensable de esfuerzos ciudadanos que exigen revisiones institucionales de fondo para reconstruir cómo nos aproximamos a la seguridad y definir cuál debería ser el papel de las instituciones en la misma.

Tal como lo señala el informe del Mocipol, la documentación del actuar policial y del Ejército, y la búsqueda de justicia para las víctimas, tienen como objetivo aportar a los debates ciudadanos que plantean la seguridad “no desde el autoritarismo, sino a la luz de la democracia; no a partir del centralismo sino recogiendo la herencia de un genuino federalismo; no desde el etnocentrismo sino a partir de la pluriculturalidad; nunca en función del militarismo y siempre al servicio de la garantía de los derechos humanos”.



Mariana Mora es investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.



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Fundar, Centro de Análisis e Investigación

En este espacio plural encontrarás la opinión de algunos investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre temas imprescindibles de la agenda nacional con la intención de avanzar hacia una democracia sustantiva.

NOTA: las fotografías mostradas no corresponden a los autores, se está trabajando para poner las que sí corresponden.

Oscar Arredondo Pico es abogado por la Universidad Intercontinental, ha trabajado, en el sector público tanto en el poder Ejecutivo como en el Judicial en Áreas relacionadas con la regulación jurídica y la comunicación social, respectivamente, en el sector privado se ha desempeñado como abogado independiente y consultor.

Mariana González Armijo estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana Puebla. Maestra en Ciencia de la Sustentabilidad por la Universidad de Lund en Suecia. Su investigación con dicha institución se enfocó a procesos de desarrollo y los vínculos entre la ayuda externa, el empoderamiento y la participación, a través de un estudio de caso en Honduras.

Simone Bettina Haf es licenciada y Maestra en Ciencias Regionales de América Latina y el Caribe de la Universidad de Colonia, Alemania. Tiene un Diplomado en Derechos Humanos y Participación de la Universidad Iberoamericana y actualmente cursa una Maestría en Liderazgo Organizacional en el Instituto Mexicano de Psicoterapia Gestalt. Trabajó seis años como periodista en un diario alemán y desde el 2004 desarrolla actividades profesionales en México, en ámbitos de comunicación, gestión de conocimiento y desarrollo institucional. Ha colaborado con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Fundación Friedrich Ebert en temas de Transparencia y Acceso a la Información, Derechos Humanos, Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva

Liliana Ruiz Ortega es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, realizó la Maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago (2005-2007). Ha sido asesora tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, especializada en temas económicos, evaluación de programas, y análisis presupuestal. Trabajó en el Banco Mundial, sede en Washington DC como consultora en el Independent Evaluation Group, donde colaboró en la realización de diversas evaluaciones en países como Jamaica, Camerún y Nigeria, así como en la Evaluación del Plan de Acción en Africa.

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