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Víctimas y derechos humanos: ningún dilema
04-noviembre-2011
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En la medida en que se fortalezca a las autoridades para actuar con profesionalismo y respeto a los derechos humanos, se garantizará el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y se abrirá la posibilidad de reconstruir el tejido social profundamente dañado por la impunidad. Esto viene a colación porque en días pasados, las asociaciones civiles México SOS y Alto al Secuestro, que encabezan Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace respectivamente, hicieron pública su demanda de amparo en contra de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Lo anterior surgió como reacción al Amicus Curiae* entregado por la propia CDHDF ante la Séptima Sala del TSJDF en el caso Alfonso Martín del Campo Dodd (una persona que en 1992, confesó bajo tortura haber matado a su hermana y su cuñado). El argumento que da sustento al amparo presentado por México SOS y Alto al Secuestro es que la CDHDF “no está defendiendo a las víctimas de un delito sino al acusado de haberlo cometido”. Frente a esto, el titular de la CDHDF expresó en conferencia de prensa que el Amicus Curiae no plantea la inocencia o culpabilidad de Martín del Campo, sino las violaciones al debido proceso que tendrían que derivar en la reposición del mismo.

El sufrimiento de las víctimas, el sentimiento de indefensión y la desesperación por encontrar la justicia se profundizan debido a un conjunto de prejuicios y malos hábitos de los servidores públicos. A la vez, la impunidad se convierte en un obstáculo para el derecho a la verdad de toda la sociedad y genera una profunda desconfianza colectiva en las instituciones del Estado. Ya sabemos que la lucha contra la impunidad es una batalla difícil que el Gobierno federal no ha querido dar hasta ahora, pero lo que estamos viendo actualmente es peor: la justificación desde ciertos sectores de la sociedad de la búsqueda de justicia por cualquier medio, incluida la tortura. De tal forma que, con tal de que las autoridades hagan algo, no importa cómo lo hagan.

Quienes han sufrido un delito en México enfrentan innumerables obstáculos para obtener justicia: las dificultades prácticas para desplazarse –sobre todo cuando las víctimas viven en lugares alejados de los centros de poder–, la carga económica que implican las diversas gestiones, el laberinto que resultan las diferentes instancias de procuración y administración de justicia, el incomprensible lenguaje de los trámites, la ineficacia de las autoridades encargadas de investigar, por mencionar algunos. La situación empeora cuando a esta fórmula le agregamos el trato de las autoridades que estigmatiza y culpabiliza a las víctimas; como pasa en los feminicidios, donde los estereotipos de género terminan por justificar el delito e impedir la procuración de justicia, o con los muertos y desaparecidos en el combate a la delincuencia organizada, implícitamente acusados de que “en algo andaban, algo habrán hecho” para correr tal suerte.

Sin embargo, esta desesperación no puede llevar ni mínimamente a justificar o tolerar las violaciones al debido proceso de impartición de justicia, sobre todo cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos (como la tortura). En este sentido, es preocupante que Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace, en su calidad de miembros de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima) hagan eco de esta posición.

Es claro que la desesperación frente a la impunidad que viven las víctimas del delito y que compartimos todos los miembros de la sociedad en México nos llevan a pensar en medidas urgentes. No obstante, el pleno respeto de los derechos humanos no sólo no amenaza, sino que abona a la seguridad y a los derechos de las víctimas. Por esta razón, resulta fundamental que Províctima se comprometa explícitamente a incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a víctimas, y supere el falso dilema entre respeto a los derechos humanos y derechos de las víctimas.



Cécile Lachenal y Ximena Antillón son investigadoras de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.



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*Nota: Un Amicus Curiae (literalmente "amigo de la corte") es una figura jurídica que consiste en presentaciones orales o escritas de terceros, ajenos a una controversia judicial, a fin de expresar sus opiniones en torno a la materia; estas se pueden realizar ante los tribunales cuando se tiene un justificado interés en la resolución de un litigio en particular.
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En este espacio plural encontrarás la opinión de algunos investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre temas imprescindibles de la agenda nacional con la intención de avanzar hacia una democracia sustantiva.

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Oscar Arredondo Pico es abogado por la Universidad Intercontinental, ha trabajado, en el sector público tanto en el poder Ejecutivo como en el Judicial en Áreas relacionadas con la regulación jurídica y la comunicación social, respectivamente, en el sector privado se ha desempeñado como abogado independiente y consultor.

Mariana González Armijo estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana Puebla. Maestra en Ciencia de la Sustentabilidad por la Universidad de Lund en Suecia. Su investigación con dicha institución se enfocó a procesos de desarrollo y los vínculos entre la ayuda externa, el empoderamiento y la participación, a través de un estudio de caso en Honduras.

Simone Bettina Haf es licenciada y Maestra en Ciencias Regionales de América Latina y el Caribe de la Universidad de Colonia, Alemania. Tiene un Diplomado en Derechos Humanos y Participación de la Universidad Iberoamericana y actualmente cursa una Maestría en Liderazgo Organizacional en el Instituto Mexicano de Psicoterapia Gestalt. Trabajó seis años como periodista en un diario alemán y desde el 2004 desarrolla actividades profesionales en México, en ámbitos de comunicación, gestión de conocimiento y desarrollo institucional. Ha colaborado con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Fundación Friedrich Ebert en temas de Transparencia y Acceso a la Información, Derechos Humanos, Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva

Liliana Ruiz Ortega es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, realizó la Maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago (2005-2007). Ha sido asesora tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, especializada en temas económicos, evaluación de programas, y análisis presupuestal. Trabajó en el Banco Mundial, sede en Washington DC como consultora en el Independent Evaluation Group, donde colaboró en la realización de diversas evaluaciones en países como Jamaica, Camerún y Nigeria, así como en la Evaluación del Plan de Acción en Africa.

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