Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Asociaciones civiles promotoras de las acciones colectivas, figura jurídica conocida en países anglosajones como class action, alertan de que la iniciativa en la materia aprobada en la Cámara de Diputados el 23 de abril se aleja de la propuesta original, al grado de ser un retroceso en el derecho ciudadano de acceso a la justicia.

Daniel Gershenson, presidente de Alconsumidor, una de las impulsoras del primer documento, relata que éste fue presentado en el Congreso a inicios de 2008. Planteaba una reforma al artículo 17 constitucional a fin de instaurar este mecanismo, mediante el cual organizaciones o grupos de personas podrían unirse para demandar a instituciones públicas o privadas que cometieran fraudes o abusos contra una colectividad, como cobros indebidos en telefonía, televisión por cable, tarjetas crédito o energía eléctrica, viajes en avión no reembolsables, promociones engañosas o mercancías con defectos.

El objetivo era que los ciudadanos afectados por el consumo de algún producto o servicio pudieran exigir en conjunto la reparación del daño y, de esa forma, evitar que sigan ocurriendo arbitrariedades.

Sin embargo, el dictamen aprobado por unanimidad señala que los derechos colectivos “solamente podrán establecerse en materia de protección al consumidor, usuarios de servicios financieros y protección al ambiente”, y “podrán ser ejercidos por los órganos del Estado competentes, por sí o a petición de los interesados”. También estipula: “Los jueces federales conocerán de manera exclusiva sobre estos juicios”.

Así, únicamente tres dependencias estarían facultadas para promover acciones colectivas: la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Para Gershenson, tal limitación es preocupante puesto que las personas que recurrieran a este mecanismo se verían obligadas a actuar a través de instituciones que no se han caracterizado por sancionar abusos, y sólo podrían hacerlo en ciertos temas, mas no en otros como salud, educación o patrimonio cultural. La federalización del proceso, además, “no solamente es una reivindicación del statu quo sino que es un retroceso muy grave, porque cualquier esfuerzo estatal o municipal queda anulado”.

El camino de la iniciativa

En noviembre de 2007, explica Gershenson, luego de un seminario en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el senador Jesús Murillo Karam, del PRI, y el diputado Juan N. Guerra, del PRD, mostraron interés en promover las acciones colectivas. Desde entonces se buscó revisar la experiencia de países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile o Costa Rica.

A principios de 2008 la iniciativa llegó al Congreso. Documentos similares fueron presentados en sus respectivas cámaras por ambos legisladores, con el propósito de alcanzar una reforma constitucional y después leyes secundarias.

Gershenson enfatiza que con esto también se favorecería a los empresarios escrupulosos: “Los únicos que pueden oponerse son los que han hecho del abuso su estrategia de negocios”. Pero el texto, como se esperaba, encontró resistencia.

La cúpula del Consejo Coordinador Empresarial y una parte del gobierno federal, asegura, mostraron su rechazo a las acciones colectivas con el argumento de que darían pie a demandas exageradas que golpearían la economía. No obstante, revira, compañías con filiales en América Latina han enfrentado grupos de consumidores en otros países y saben que esta figura “no se traduce en un colapso para sus empresas”.

Juan N. Guerra confirma que empresarios de la banca y la telefonía, así como legisladores del PAN, expresaron su preocupación por que este instrumento se convirtiera en un negocio para los abogados, por lo que se decidió que el Estado mantuviera la tutela sobre los derechos colectivos. Así, hacia finales de 2008 la iniciativa original quedó atorada en el Senado, mientras un dictamen alterno avanzó en la Cámara Baja hasta su aprobación en abril.

Diputados del PRD refutan que lo avalado constituya un retroceso. “Las asociaciones tienen razón en cuanto a que no se aprobó lo que querían, pero en la Constitución no había nada, la figura no existía y ahora sí, cada paso es un avance”, afirma Raymundo Cárdenas. El propio Guerra señala: “Retroceso es que no tengamos derechos colectivos”. Asimismo, sostiene que el dictamen aprobado “es mejor que nada”, e invita a las organizaciones tanto a precisar qué aspectos consideran que son ignorados como a impulsarlos dentro del Poder Legislativo.

“A tiempo de reconsiderar”

Ahora que el documento ha pasado al Senado, más de 50 organizaciones civiles firman un manifiesto en el que exigen frenar “una iniciativa fast-track que atenta contra los derechos colectivos de los mexicanos”. Suscriben también personajes como Sergio Aguayo, Denise Dresser, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Patricia Mercado, Raúl Trejo Delarbre y Roberto Rock.

Gershenson reconoce que las acciones colectivas “no son la panacea”, pero asegura que para que la gente recobre la confianza en sus instituciones hay que “invitarla a la mesa”. Añade: “México no puede seguir siendo el paraíso de los monopolios y de los oligopolios, empresas que se han cebado de millones de personas. Estamos a tiempo de reconsiderar”.

Por su parte, Francisco Valdés Ugalde, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, advierte que el documento aprobado en la Cámara de Diputados exhibe un acuerdo entre los tres principales partidos para que la vía de acceso a la justicia permanezca en poder de los órganos del Estado, lo cual deja a nuestra legislación retrasada respecto de otros países.

La mayor consecuencia de impedir el avance de las acciones colectivas, concluye, sería “detener el proceso de construcción de una democracia constitucional en la que todos podamos defender nuestros derechos”. Esto, dice, perpetuaría la “ciudadanía de segunda clase” a la que nos han condenado los partidos y sus líderes.

mauricio.torres@eluniversal.com.mx