Con ese motivo, este fin de semana fueron emitidos dos comunicados firmados por la Coordinadora Revolucionaria (CR) que agrupa a los grupos Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, Organización Insurgente 1º de Mayo, Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre, Unidad Popular Revolucionaria Magonista y, uno más, por separado, del Comando Popular Revolucionario La Patria Es Primero.

El primero de los textos es casi de historia:

“El 18 de mayo de 1967 fue perpetrada una cruenta represión por el gobierno y policía locales, en el Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, cuando profesores y padres de familia llevaban a cabo un acto de protesta social contra el autoritarismo de los directivos de la escuela Juan Álvarez y los caciques del lugar. Dicha represión cegó la vida de 5 pobladores, entre los que se encontraba una mujer embarazada, siendo heridos más de veinticinco campesinos.

“La masacre y persecución llevaron al profesor Lucio Cabañas a buscar refugio en el monte. A partir de ese momento, protegido y apoyado en el campo y la ciudad por redes comunitarias, el Prof. Lucio inició en silencio la construcción del Partido de los Pobres (PDLP), y su Brigada Campesina de Ajusticiamiento (BCA), organizando al pueblo y desarrollando su conciencia política, realizando a la postre acciones de desgaste, hostigamiento, y requisa de armamento al ejército federal y a los cuerpos policiacos, así como el cobro del impuesto revolucionario a quienes se habían enriquecido a costa del despojo y la explotación.

“(…) Estos crímenes de Estado, perpetrados bajo los gobiernos priistas, no sólo se han mantenido en la más completa impunidad, sino que se siguen repitiendo, ahora por los gobiernos panistas –y en algunos casos hasta perredistas-, como lo constatan las sucesivas masacres, persecuciones, asesinatos, torturas, desapariciones y encarcelamientos de luchadores sociales y revolucionarios, en el marco de la más profunda descomposición de la clase gobernante y del sistema político actual. Por ello la lucha emprendida por el Prof. Lucio Cabañas Barrientos continúa vigente (…)”.

El segundo texto se va a la actualidad:

“(…) O sea, en 42 años la situación política, económica y social en el estado de Guerrero ha cambiado muy poco, salvo que hoy son los perredistas, con Zeferino Torreblanca a la cabeza, quienes dirigen y administran las corrompidas instituciones estatales, en franca alianza con el figueroismo y con los cárteles regionales de la droga, sean estos “pelones”, “zetas” o de “la familia michoacana”.

“Lo no tan nuevo en el estado de Guerrero es que dichos cárteles de la droga, amparados en la profunda descomposición de la actual clase gobernante, controlan numerosos municipios en las siete regiones del estado mediante la compra de “plazas” y la inyección de dinero sucio en las campañas político-electorales; controlan con armas y sicarios -incluso de las propias corporaciones policiacas- el territorio municipal o regional, previamente comprado; ayudan a formar los grupos paramilitares con los que el gobierno estatal persigue a los luchadores sociales –como lo constata el hostigamiento desplegado de manera permanente contra los ecologistas de Petatlán y Tierra Caliente, los campesinos de Costa Grande, en Atoyac y Coyuca de Benítez, los indígenas de La Montaña, en Ometepec, Xochistlahuaca, etc.–; establecen retenes narco-militares donde detienen y asesinan, realizan “levantones” contra gente inocente, amenazan a quienes cuestionan la política represiva y las prácticas inhumanas del gobierno; apoyan la política de terror que instrumenta Zeferino Torreblanca contra la lucha social, como lo muestra la reciente detención y desaparición del perredista Álvaro Rosas Martínez, en Petatlán, a quien pretenden involucrar con un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes; o como lo muestra el hostigamiento y las amenazas de muerte contra campesinos de Xochipala, por defender sus tierras de la voracidad de compañías mineras como la Gold Corp; o como lo muestra la detención del dirigente de la colonia ampliación Puerto Marques Daniel Morales que defiende un pedazo de tierra para vivir dignamente, y que los grandes consorcios turísticos pretenden acaparar, etc., etc., todo esto en el contexto de una falsa lucha del gobierno contra el crimen organizado.

“Al amparo del poder federal, el narco-gobierno estatal está articulando una nueva guerra sucia contra el pueblo, bajo una lógica claramente contrainsurgente. De ello dan pruebas las permanentes violaciones a los derechos humanos como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Sin embargo, la vieja guardia priista y el gobierno autoritario estatal, se rasgan las vestiduras ante el señalamiento hecho por los compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), de que en el país y particularmente en Guerrero, la nueva clase en el poder, con “el señor Z” Torreblanca a la cabeza, protege a capos de la droga: como Rogaciano Alba en Petatlan, el “Yei” en Atoyac, “la Barbie” en Acapulco, los Montufar en Tierra Caliente, los Figueroa en la zona norte, los hermanos Aguirre en Ometepec, etc., convirtiéndose no sólo en cómplices, sino en autores materiales e intelectuales de los crímenes que a diario cometen contra el pueblo”.

Uno puede debatir teóricamente la viabilidad del uso de las armas para la transformación social de las condiciones de vida del pueblo. En este año electoral se puede incluso argumentar sobre los pros y contras del voto para tal propósito. Sin embargo, los datos duros no mienten, hablan de un estado de la República políticamente atrasado, infiltrado hasta el tuétano por el narcotráfico y una inconformidad social que, nos guste o no, es real, existe y busca diversas formas de expresión.

¿Los políticos deveras están en posición de revertir esta situación?, ¿el regreso del PRI garantizará una vida feliz al estado?, ¿Guerrero ‘estaría mejor con López Obrador’?, ¿sólo la violencia liberará al pueblo guerrerense del atraso? ¿Tú, cómo la ves?