Una revisión sólo de lo que va del mes arroja conflictos complejos, que involucran a organizaciones sociales que son reiteradamente víctimas de abusos de autoridades de los tres niveles de gobierno, configurando un panorama similar al que privaba a finales de la década de los 60, cuando se incubó en aquella entidad el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas.

La opinión pública no debe dejar de atender varios casos.

1.- El de los indígenas me’phaa Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanares Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina, de la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla, presos desde el año pasado por el presunto delito de homicidio en agravio de un informante del Ejército mexicano.

Los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), fueron detenidos, todo indica que injustamente, el 17 de abril de 2008 por policías estatales, federales y elementos del Ejército mexicano que integran la Operación Conjunta Guerrero. Los detenidos son considerados ya como presos de conciencia por Amnistía Internacional.

2.- El fin de semana pasado fue asesinado el comisario de Bienes Comunales del núcleo agrario de Ocoapa, municipio de Copanatoyac, Natalio Solano González, que era dirigente de comuneros que pelean por 456 hectáreas en la región de La Montaña.

Aproximadamente a la una de la mañana del domingo llegaron a la casa del dirigente agrario –en donde también se encuentra el restaurante Las Palapas, que era de su propiedad– al menos ocho individuos armados quienes viajaban en dos camionetas blancas, quienes tocaron a su puerta, y al salir le hicieron varios disparos de pistola calibre 9 milímetros.

3.- El 13 de febrero de 2009 fueron “levantados” –quizá víctimas de desaparición forzada- Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).

Fueron interceptados en Ayutla por tres sujetos que portaban armas largas, cuando se encontraban en un acto público donde se inauguraba una oficina para escuelas secundarias generales. En un coche sin placas se los llevaron con rumbo desconocido.

“Lo único que hacía mi esposo es defender a los indígenas, porque los políticos cuando andan en campaña se dicen hermanos de los indígenas y cuando ganan no nos hacen caso”, ha señalado Guadalupe Castro Morales, esposa de Lucas Lucía.

4.- El dirigente de la Asociación Tierra y Libertad en Teloloapan, Máximo Mojica Delgado, su esposa María de Los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma, fueron consignados al juez de Tecpan por el secuestro de la maestra Adriana de Jesús Arteaga Zárate, en octubre del año pasado en Atoyac. Ambos afirman que fueron torturados y golpeados por policías ministeriales, quienes los hicieron firmar confesiones falsas y los acusan de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

El abogado del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Jaime Alvarado, dijo que según el expediente 188-1/2008, que consta de cinco tomos, que quienes aseguran que el profesor Máximo Mojica participó en el secuestro de la maestra, describen las características físicas del secuestrador, pero no coinciden con las de él.

6.- El 16 de enero pasado fue encontrado muerto, en una granja de pollos de su propiedad, cerca de la carretera que comunica a Tlapa con Xalpatláhuac. Daniel Castro Flores, dirigente de un movimiento contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La versión del Ministerio Público sobre el móvil del homicidio, son dos y consiste en investigar el trabajo de Castro Flores como líder del movimiento contra la CFE, y un lío personal. En su momento, los compañeros de Castro Flores subrayaron que con este crimen, se pone en peligro también la integridad física de todos los activistas sociales y de defensa de los derechos humanos, debido a que se corre el riesgo latente de que en cualquier momento se atente contra ellos por la falta de seguridad en la región de La Montaña.

7.- El 6 de febrero pasado indígenas me’phaa de Barranca de Guadalupe lograron retirar de su comunidad a unos 50 soldados del 48 Batallón de Infantería, con sede en Cruz Grande, luego de que pernoctaron cinco días en ese lugar intimidando y robando productos a los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).

Ante todos esos casos, la autoridad y, en especial el gobernador perredista de la entidad, Zeferino Torreblanca, han mantenido silencio.

La acumulación de agravios, combinada con pobreza extrema no hace más que augurar un explosivo coctel molotov social en Guerrero. Los testimonios que hemos estado leyendo en la prensa estatal estos días, son exactamente iguales a los de hace 40 años. Nada se ha avanzado en materia de derechos humanos y democracia en Guerrero. Nada.

Y luego se quejan de que les exploten las guerrillas, ¿o no?