Francamente no serían muchos. Ser político en México se ha convertido, lamentablemente, en sinónimo de una jugosa profesión que permite --en la mayoría de los casos y con honrosas excepciones-- hacer dinero fácil y rápido.

En casi 20 años que tengo en el oficio de periodista he conocido de cerca a muchos políticos, de todos los signos y colores partidistas. Desde gobernadores, diputados, senadores, dirigentes partidistas, alguno que otro presidente de la República y también algunos alcaldes; no puedo recordar a más de cinco que me hayan sorprendido por llevar una vida mediana, con comodidades acordes al salario formal que percibían o patrimonios lógicos con su trayectoria.

El resto, la gran mayoría de los que he tratado en el ejercicio profesional, viven como ricos. Sus casas, su patrimonio, el nivel de vida de ellos y de sus familiares, no se explica lógicamente con los sueldos que perciben. Algunos venían ya de familias acomodadas y justifican con eso, no siempre creíblemente, la bonanza en que viven; pero muchos políticos que he conocido eran, como la gran mayoría de mexicanos, de un origen clasemediero, cuando no más bien humilde, y a partir de su entrada en la política, y conforme avanzaron en ella, dieron un salto cuántico en la escala social.

Las historias de enriquecimiento explicable o inexplicable abundan en la política nacional. Líderes sindicales que viven en la opulencia, congresistas que trafican con influencias y se han hecho en la política de fortunas inmensas, empresas, negocios, brokers de los grandes empresarios del país; ex presidentes que amasaron riquezas incalculables, gobernadores y ex gobernadores que hasta lograron insertarse en el jet set internacional con mansiones en lugares de veraneo de los ricos del mundo.

Algunas se han documentado en denuncias periodísticas a lo largo de la historia, en la mayoría de los casos sin consecuencias ; otras son de dominio público y difícilmente se les podría probar corrupción o enriquecimiento ilícito –“los acusan de corruptos no de pendejos”, reza la máxima política--, son contados los casos en los que ha habido funcionarios presos por corrupción y buena parte de ellos o, eran funcionarios de segundo o tercer nivel, o fueron enjuiciados y apresados más por vendettas políticas de la clase gobernante.

El tema, dirán, no es nada nuevo. No pretendo descubrir el “hilo negro” al decirles que tenemos una clase política corrompida y brutal y cínicamente enriquecida. Pero viene a cuento la reflexión por el debate que ha desatado el “blindaje” establecido por el IFE para intentar evitar que dinero sucio, del narcotráfico o del crimen organizado, se infiltre a las campañas y financie candidatos en las próximas elecciones federales del mes de julio.

A partir de las nuevas disposiciones que aprobaron los consejeros del IFE y que avalaron todos los partidos, se reforzarán los mecanismos de vigilancia sobre candidatos, dirigentes de partido, a quienes se podrán fiscalizar sus cuentas bancarias , y por primera vez también las de sus familiares hasta en segundo grado de consanguinidad.

Se ve difícil que el IFE tenga la capacidad para supervisar a tanta gente, tomando en cuenta que serán aproximadamente 4 mil candidatos federales más sus familiares; sin embargo, lo interesante de estas nuevas disposiciones es que por primera vez el “secreto bancario” --mecanismo que si bien protege a los usuarios del sistema financiero, también ha servido de escudo opaco para los funcionarios y políticos corruptos— no impedirá que la autoridad electoral revise cuentas de partidos y candidatos.

Falta ver qué tanto instituciones como la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que no se caracterizan por su transparencia y más bien han fomentado históricamente la opacidad, cooperan con la titánica labor de fiscalización que el IFE se ha echado a cuestas.

Está por verse también si los partidos y sus candidatos de verdad están dispuestos a permitir ser fiscalizados ellos y sus familiares, y si actúan de buena fe –cosa que es casi pedirle peras al olmo--, para evitar las trampas y recovecos que suelen usar para engañar y evadir la vigilancia, como las dobles contabilidades, el manejo de turbio dinero en efectivo o el establecimiento de contratos “por debajo del agua” con empresas y proveedores.

Por lo pronto, el llamado “blindaje” del IFE ya desató reacciones. Los senadores se confundieron primero con el contenido de las nuevas normas y luego se dijeron sorprendidos de que la autoridad electoral pueda revisar sus movimientos financieros por considerarlos “personas políticamente expuestas”. Lo mismo el panista Gustavo Madero , que el ex perredista Ricardo Monreal, se quejaron de este seguimiento del IFE y se mostraron molestos con que los fiscalicen.

¿Que tienen que esconder los señores senadores como para que no les guste que la autoridad, en este caso electoral, se meta a echarle un ojo a sus finanzas personales? ¿Va ampliar el IFE esas medidas a otros actores políticos, ya sea del Congreso, del Poder Judicial o del Ejecutivo? ¿y a qué hora el organismo electoral se dedicará a organizar las elecciones, que es su principal objetivo?

Veremos si el “blindaje” funciona y si este mecanismo, que busca en esencia evitar que entre dinero del narco a las campañas, no termina como la mayoría de las disposiciones ya existentes en materia de contraloría y rendición de cuentas para los funcionarios y políticos del país: aunque existen, están en la ley y se practican, hasta ahora no han podido evitar que para algunos --demasiados diría yo-- de los que entran a la política en cualquiera de sus facetas, éste siga siendo un “jugoso negocio”.

Tema sobre la mesa. Es de ustedes la palabra.