Quizá en lo primero en lo que podríamos estar de acuerdo con respecto de los impuestos es en su impopularidad. La muestra más clara de ese rechazo social es la evasión de las obligaciones en la materia, e incluso para quienes las cumplimos en principio no resulta sencillo aceptar la idea de ceder al fisco una parte de nuestros ingresos.

Al escribir esto no busco promover ningún tipo de irresponsabilidad fiscal. Por el contrario, estoy convencido de que, como miembros del Estado mexicano, debemos contribuir a su financiamiento. Sin embargo, pienso que también compete a las autoridades de todos los niveles revisar y corregir las fallas de los métodos de recaudación.

Jorge A. Chávez Presa, por ejemplo, señalaba en su artículo del sábado pasado, titulado “Una revolución con el predial”, que “hemos construido un sistema fiscal en el que no hay una relación directa entre el costo de los servicios públicos, el orden de gobierno que le corresponde prestarlos y el contribuyente y sus aportaciones”.

En otras palabras, los ciudadanos no vemos con claridad que el pago de nuestros impuestos se refleje en servicios de calidad —alumbrado, agua, mantenimiento de vialidades y de áreas verdes, transporte, educación, salud—, a lo que se suma que, debido a la compleja trama tejida entre municipios o delegaciones, entidades y Federación, tampoco haya total transparencia acerca de cómo se distribuyen los recursos recaudados.

La consecuencia de esta situación, concluía Chávez Presa, es que las autoridades gocen de un margen para eludir sus responsabilidad (argumentando, digamos, que la policía de la comunidad opera mal porque el gobierno federal no otorga suficientes recursos) y que, en esa misma línea, la ciudadanía encuentre un pretexto para dejar de lado sus obligaciones fiscales (que nos preguntemos para qué pagar si nuestro entorno va a permanecer con las carencias de siempre).

Además de la mejoría que debería efectuarse en la relación tributos-servicios públicos, me parece que aún está pendiente la realización de una verdadera reforma hacendaria que tenga por objeto tanto incrementar los ingresos del país como repartirlos de forma más equitativa. Nuestra dependencia del petróleo sigue siendo altísima, de alrededor de 40% del Presupuesto, al tiempo que el precio internacional del hidrocarburo desciende y que nuestra recaudación equivale a únicamente 12% de las finanzas nacionales.

Diversos especialistas han comentado que los cambios propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso en 2007 tendieron no a captar más contribuyentes o a cobrar más a quien más renta percibe, sino a subir los gravámenes a quienes ya los pagaban. Igualmente, no pocos repararon en el impacto negativo que el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) podría tener sobre la generación de empleos.

Cierto es que el momento de crisis que vivimos no es el oportuno para elevar las cargas impositivas porque con ello se correría el riesgo de afectar la economía de la población y el desempeño de las empresas. No obstante, lo que sí podrían hacer las secretarías de Hacienda federal y locales es fomentar la simplificación fiscal, o sea, de veras facilitar que personas físicas y morales cumplamos con nuestras obligaciones en vez de sufrir con cada cálculo y trámite que debamos presentar.

Lo anterior redundaría no sólo en beneficio de la aceptación social de las autoridades tributarias. Como sostienen Mauricio Merino y Enrique Cabrero Mendoza en el número de la revista nexos dedicado al federalismo, una mayor eficiencia en este ámbito, acompañada de una impostergable coordinación entre niveles de gobierno, también podría ser un pilar para el desarrollo nacional, la competitividad y la gobernabilidad democrática.

Responsabilidad fiscal, pues, debe ser un concepto de aplicación general. Tenemos los ciudadanos la obligación de pagar nuestros impuestos, pero antes está la tarea de las autoridades de facilitarnos esa contribución y de, a través de transparencia en la distribución de los recursos y de la prestación de mejores servicios públicos, demostrarnos que nuestro dinero no cae en saco roto.

mauricio.torres@eluniversal.com.mx