Lo decía después de que había difundido que los ministros que en ese momento integraban la Comisión de Transparencia habían clasificado como "confidencial", y por tanto inaccesibles, los nombres de los ministros jubilados y en retiro.

Ese año había solicitado, con base en la recien aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la información,la lista de los ministros pensionados, el monto de su pensión, prestaciones y gratificaciones.

En respuesta a mi petición me dijeron que eran 40 los ministros en esta situación -todavía no habían fallecido algunos- y que percibían, en ese entonces todavía de 65 a 77 mil pesos mensuales netos (nada que ver con los alrededor de 160 mil que ahora reciben) más un seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, el bono de dos meses de pensión, y el apoyo vitalicio de un chofer y un ayudante.

Pero, los nombres, me dijeron que no me los podían dar por ser datos privados, primero, en la Unidad de Enlace, después en el Comité de Acceso a la Información, y al final en la Comisión de Tranparencia a cargo, en ese entonces, del ministro Mariano Azuela, Sergio Aguirre y Juan Díaz Romero.

Y el ministro que decía que no entedía mi obsesión, lo decía, primero, porque, en su opinión, quienes criticaban los aumentos a las pensiones partían de análisis superficiales, y porque, en su opinión, yo fácilmente podía ir al Diario Oficial de la Federación de la época de la reforma que modificó, en diciembre de 1994, a la Corte y envió al retiro a 24 de los 26 ministros que integraban el máximo tribunal, y conocer los nombres.

Y en parte tenía razón. Muchos de los nombres ya los conocía, al menos los trascendentes y así los difundí, al igual que otros compañeros de otros medios.

Pero algunos nombres no se conocían, por ejemplo los de los ministros que se jubilaron antes de la reforma. Además de que también se desconocía quiénes habían salido de la lista por razones naturales, es decir por fallecimiento.

Y, lo más importante, más allá de los nombres, lo que me importaba era el criterio. No era posible que el máximo tribunal alegara que los nombres de los ministros en retiro no se podían conocer porque eran datos personales que no se podían conocer porque ya no eran servidores públicos y no tenían ninguna relación laboral con la Corte.

En especial si la Corte misma les había aumentado la pensión -con el voto en contra del ministro Genaro Góngora Pimentel-, en circunstancias de discrecionalidad y sin que hubiera un mandato expreso para ello.

Por eso, y sólo, por eso me interesaban los nombres, sin que fueran ninguna obsesión.

Y por eso mismo cuando se presentó la oportunidad, cinco años más tarde de promover un recurso para que la Corte reconsiderara su opinión -ahora con el apoyo de un abogado que pidió el anonimato, al que le agradezco mucho-, lo hice.

Las condiciones habían cambiado, los integrantes de la Comisión de Transparencia ya no eran los mismos -los tres ministros que antes la integraban, de corte más conservador, habían dejado esa área clave- y el artículo 6 de la Constitución también había sido modificado recientemente.

Y por eso, y sólo por eso, me alegró saber -cuando se me notificó- que la nueva comisión (integrada por los ministros Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Genaro Góngora Pimentel) habían desclasificado los nombres y los había declarado públicos

Porque al hacerlo establecieron importantes criterios que ayudarán en el futuro a garantizar, de mayor manera, el acceso a la información relacionada con los recursos del erario, a privilegiar el acceso a la información cuando exista duda sobre si reservar o entregar, y a definir cuáles son los datos personales.

APUNTES PARA EL EXPEDIENTE

1. También me alegró, porque al difundir los nombres y colocar el tema nuevamente a discusión se vuelve a generar el debate, primero en torno a sí la Corte podía o no incrementar, por voluntad propia, por interpretación propia, las pensiones de los ministros pensionados.

Y, segundo, respecto a sí es ético o no que algunos de los ministros jubilados -porque hay dos que salieron después de la reciente reforma y algunos de la anterior epoca con una trayectoria intachable en el Poder Judicial-, reciban pensiones millonarias cuando se dedican a ofrecer sus contactos o sus nombres a distinguidos despachos de abogados o cobran en la academia y en distintas áreas del gobierno.

2. Por cierto que no sólo las pensiones despiertan tentaciones, sino el puesto mismo de ministros. Por eso ya hay varios apuntados, me comentan, para las dos vacantes que se van a generar el próximo año en la Corte, con la salida de los ministros Genaro Góngora y Mariano Azuela.

Y sino nada más es cuestión de que chequen el ambiente y el nivel de cabildeo que se está generando en la Escuela Libre de Derecho, donde varios se sienten con derecho de llegar a la Corte, porque de ahí egresó el último ministro, Fernando Franco González Salas, y porque de ahí también egresó el presidente Felipe Calderón, de quien varios se dicen sus amigos, y quien tendrá que elegir las ternas para designar a los sustitutos de Góngora y Azuela.

ACUSE DE RECIBIDO

Muchos jueces y magistrados respiraron tranquilos una vez que supieron que se canceló la encuesta que andaba realizando el visitador del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se le preguntaba a su personal cosas como si sabían si sus jefes gastaban más allá de sus recursos, sí recibían visitas y regalos indebidos, o si cambiaban sentencias.

Los respiros se dieron porque con esta decisión se desactivaron posibles venganzas, contra jueces y magistrados que, como dicen, nada deben y nada temen.

Pero hay quienes voltearon a ver hacia las oficinas de sus vecinos cómo preguntándose si a alguien le sabían algo o era mera curiosidad del visitador. Vaya usted a saber.