Y si no, juzgue usted, aunque no sea juez, si -al igual que la Chimoltrufia, ese personaje clásico de la serie de El chavo del ocho- en el IFE y en la Corte como dicen una cosa, dicen otra:

1. En público el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita se ha pronunciado por exhibir en vitrinas las boletas de la elección presidencial del 2006.

Pero en privado a este espacio le ha llegado información de que por medio de los abogados del instituto presiona, de manera reiterada, al juez federal Álvaro Tovilla León para que apresure el cierre del juicio que ha impedido, hasta ahora, que las boletas electorales sean quemadas.

Hace poco más de dos meses, en abril para ser más precisos, les decía que el juez había fijado por esos días la audiencia para decidir si ordenaba o no abrir los paquetes de la elección presidencial, y que la decisión podía pasar desapercibida, por las manifestaciones que se realizaban en contra de la reforma petrolera.

Pero, el juez decidió aplazar la audiencia constitucional y darse tiempo de estudiar más a detalle el caso, o por lo menos no precipitarse en desechar la demanda que promovió el académico Sergio Aguayo en contra de la negativa del IFE de darle acceso a las boletas como parte de su derecho al acceso a la información pública y gubernamental.

Y en esas anda el juez. Sólo que al IFE ya le urge que emita la sentencia para poder destruir las boletas y por eso se ha encargado de recordarle al juez Alvaro Tovilla que desde el 11 de marzo pasado, en una votación dividida de seis votos contra cinco, la mayoría de ministros de la Corte desechó, sin siquiera revisar, un juicio de amparo que promovió la revista Proceso para acceder a las boletas de la elección presidencial, porque llegó a la conclusión de que se trataba de un asunto de tipo electoral en contra del que no existe forma de ampararse.

El recordatorio es para que el juez no caiga en la tentación de admitir la demanda de Aguayo.

Porque en el IFE saben que la sentencia que emitió la Corte no obliga al juez a fallar en el mismo sentido, porque no se aprobó por una mayoría de 8 votos y, por lo mismo, no se estableció un criterio jurisprudencial que sea obligatorio para todos jueces del país.

Y también saben que el juez puede optar por seguir el camino que marcó la minoría de ministros que votaron a favor de admitir el amparo de Proceso, porque consideraron que conocer las boletas electorales es parte del derecho al acceso a la información que consagra la Constitución y que en nada afectaría el resultado de la elección presidencial. Porque conocer las boletas en nada cambia el triunfo de Calderón.

2. En eso del síndrome de la Chimoltrufia la Corte nomas no se ayuda. Es más, cada vez está peor. Porque en casos similares, primero emite una sentencia y años más tarde emite otra, totalmente distinta.

Podríamos hablar del caso de la cadena perpetua en el que primero dijo que era violatoria de la Constitución, después ratificó esta postura y más tarde dijo que siempre no viola la carta magna.

Pero por ahora tenemos a la vista un caso mejor y de actualidad: el de la reforma electoral.

En 1997, al revisar un amparo que promovió Manuel Camacho en contra de la reforma que le impedió ser candidato a jefe de gobierno del DF, por haber sido antes regente, en una votación de 6 contra 5, la Corte resolvió que el proceso legislativo de una reforma a la Constitución sí se podía impugnar y revisar.

Cinco años más tarde, en el 2002, la Corte se apartó de dicho criterio. Al revisar una serie de juicios de controversias constitucionales promovidas en contra de la reforma constitucional en materia indígena, en una votación de 8 contra 3, resolvió que ni siquiera era posible revisar el proceso legislativo de una reforma a la Constitución.

En ese mismo año la Segunda Sala de la Corte también desechó, por el mismo motivo, un amparo promovido en contra de una reforma a la Constitución.

Y ahora, en pleno 2008, al resolver los juicios de acciones de inconstitucionalidad de los partidos Convergencia y Nueva Alianza, la Corte resolvió que el proceso legislativo que se sigue para reformar la Constitución sí se puede revisar... pero no por medio de los juicios de acciones de inconstitucionalidad.

¿¡ENTENDIÓ!? No se preocupe. En la Corte muchos tampoco han entendido lo que resolvieron los ministros.

Pero bueno, el caso es que la Corte volvió a decir que la Constitución sí se puede impugnar y ahora tendrá que decidir -¡otra vez!-, como ya lo hizo en el caso Camacho, si la vía para hacerlo es el amparo.

Y si es así los empresarios e ¿intelectuales? que promovieron amparos en contra de la reforma electoral -para poder comprar publicidad a favor o en contra de algunos candidatos- podrán brincar de felicidad, pues sus demandas sí serían admitidas y no serían bateados como los juicios de Convergencia y Nueva Alianza.

Claro está, si la Corte vuelve a decir lo que dijeron en el caso Camacho.

Porque pueden decir otra cosa, si como en los casos del ex canciller Jorge Castañeda y de la revista Proceso -recuerdan- ratifican la decisión que adoptaron en el sentido de que los amparos no proceden en contra de reformas en materia electoral.

Es decir que todo depende de si los ministros quieren que prosperé o no el caso de los empresarios e ¿intelectuales?.

Cómo ven.

APUNTES PARA EL EXPEDIENTE

1. El miércoles pasado rindió su informe de labores el magistrado César Esquinca, quien durante 10 años se ha encargado de dignificar la labor de los defensores públicos federales y de impulsar un servicio gratuito que muy pocos conocen de asesoría jurídica y que incluso se encarga de promover amparos y de defender a la población en contra de abusos de autoridades, como en el caso de cobros excesivos de luz.

Y al cumplir una década al frente del Instituto Federal de Defensoría Pública y más de 45 años de carrera judicial, ya se habla de quién podría ser el sucesor de Esquinca y la lista la encabeza la consejera de la Judicatura Federal, Elvía Díaz de León, quien está a punto de concluir su gestión.

El relevo ha generado malestar en el Poder Judicial y no porque salga Esquinca, sino porque sería el segundo integrante del Consejo al que se le aparta un lugar antes de que deje el que tiene.

Porque eso fue lo que ocurrió hace unos años cuando antes de que dejara de ser consejero Judicatura ya se sabía que Jaime Manuel Marroquín ocuparía la dirección del Instituto de la Judicatura Federal, que no es otra cosa que la escuela judicial, en cuanto dejara la Judicatura. Y que se removería de su cargo al magistrado Vázquez Mellado.