De manera recurrente, desde que inició el año, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sesionado y resuelto los juicios a su cargo sin que estén presentes sus 11 integrantes.

Y eso ha comenzado a generar suspicacias en diversos sectores. En especial, porque los ministros no se pueden abstener de votar en un juicio, pero sí pueden estar ausentes, y, eso, en la práctica brinda el mismo resultado, porque al final de cuentas no votan.

Y quizá no haya nada de malo en las ausencias o en los motivos que las generan, pero la falta de transparencia con la que se manejan alienta los malos pensamientos.

Más, mucho más, cuando las ausencias de ministros ocurren cuando se resuelven asuntos clave.

Esas suspicacias fueron precisamente las que se despertaron cuando se resolvió que no hubo violaciones graves de parte del góber precioso en el caso de la periodista Lydia Cacho, en una votación apretada en la que no estuvo presente el ministro Fernando Franco González Salas, por estar “en una comisión” en el extranjero.

Y esas mismas suspicacias volverán a revivirse cuando la Corte comience, a partir de este lunes, a revisar los juicios de amparo promovidos en contra de la llamada Ley del ISSSTE y se vea que uno de los asientos del Pleno de la Corte estará vacío.

Porque el ministro Genaro Góngora Pimentel, a quien muchos ubicaban como un aliado natural de los trabajadores que impugnaron el nuevo régimen de pensiones, no estará presente en la discusión. Y puede que su ausencia en este juicio haya coincidido con un viaje programado con mucha anticipación, pero, seguramente dará mucho de qué hablar y más si salió de viaje en representación de la Corte, porque se dice que Góngora está en una comisión oficial en Argentina.

El caso de Góngora no es único ni excepcional, casi todos los ministros de la Corte, ya sea por motivos de salud, por comisiones de trabajo en el extranjero, por vacaciones aplazadas, o por cuestiones de trabajo, han faltado o se han ausentado, como se quiera ver, a una o más de las sesiones que se han realizado en el 2008.

Aparentemente, en lo que va de este año, sólo un par de ministros se escapan de estas ausencias: Mariano Azuela y Juan Silva Meza.

Los demás acumulan incluso varias ausencias, justificadas, claro. Y la Corte ha sesionado y resuelto juicios en estas condiciones al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que prevé las ausencias de los ministros y permite que en unos casos la Corte opere incluso con siete ministros. Dicha norma no prevé sanciones ni límite de ausencias breves ni la obligación de cancelar salidas oficiales o de vacaciones para estar presentes en juicios de máxima relevancia.

La situación que se vive en la Corte ha generado tal inquietud que hace un par de semanas, en una sesión privada, el propio tribunal tuvo que emitir un acuerdo (7/2008) para definir las reglas conforme a las cuales aplazará la votación y resolución de los juicios de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales cuando el Pleno no esté completo (cosa que ya ha sucedido). Porque en estos juicios se requieren de ocho votos para hacer declaratorias de inconstitucionalidad.

No por nada hace cosa de unos meses, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagotia, lanzó una propuesta para disminuir el número de votos que se requieren en estos juicios para hacer declaratorias de inconstitucionalidad en este tipo de juicios, al participar en un foro convocado ni más ni menos que por la Cámara Americana de Comercio.

Apuntes para el expediente

1. Muchos ven con preocupación que puedan surgir brotes de violencia o manifestaciones muy subidas de tono alrededor de la Corte, de juzgados y tribunales federales del país, por la resolución que se alista de los juicios de amparo contra la nueva Ley del ISSSTE.

La suspensión de labores de juzgados y tribunales federales en Oaxaca ya, de por sí, es preocupante.

Sólo un apunte: este tipo de manifestaciones, al menos en el caso de los jueces, no funcionan para ejercer presión y obtener una sentencia favorable. Por el contrario, sólo suelen perjudicar a las personas que tienen juicios pendientes y que de por sí batallan con una justicia lenta y que, por añadidura, ven aplazados sus asuntos.

2. Ahora que el Poder Judicial firmó un convenio con el IFAI para que los apoye con la plataforma tecnológica con la que cuentan para poder recibir y responder las peticiones de información que reciben, hubo quien recordó que este acuerdo no hubiera sido necesario de no haber sido porque fracasó el sistema que se puso en marcha durante la administración del ministro Mariano Azuela y que se anunció con mucho revuelo en junio del 2006.

Acuse de recibido

Y para seguir a tono con el tema de la transparencia. A continuación les presento un extracto de un correo por demás interesante que me hicieron llegar a este blog para explicar cómo opera la opacidad y la discrecionalidad en ciertos espacios de los concursos para jueces y magistrados federales.

No deje de leerlo:

¿Por qué los concursos no son tan transparentes como supuestamente lo son?

En términos generales los concursos constan de cuatro etapas: 1.- Cuestionario; 2.- Caso práctico; 3.- Examen oral; y 4.- Factores de evaluación ( antigüedad, carrera judicial y otros aspectos académicos y curriculares), sin embargo; las únicas etapas que son realmente transparentes son las primeras dos.

La opacidad comienza con la tercera etapa, el examen oral, pues no obstante que el mismo es video grabado, las calificaciones no se publican en la página web del instituto mencionado como lógicamente debería ser (sino hasta la emisión de los resultados finales), generando suspicacias, pues no puede advertirse alguna razón de peso para no hacerlo.

La falta de transparencia se patentiza con la cuarta etapa, llamada “factores de evaluación”; en ella, el aspirante es evaluado a través de un sistema que califica su antigüedad, carrera judicial, estudios, logros académicos, etc; con base en un catálogo de puntos, todo esto se asienta en un acta o dictamen que nunca es publicado o dado a conocer, como sería lógico para que la sociedad en general y los propios aspirantes e interesados, pudieran saber qué aspectos de su currícula y de los demás sustentantes (sobre todo de los vencedores) fueron valorados y de qué forma.

Y esto es una muestra de que los concursos no son del todo transparentes, pues tienen ciertos ámbitos de opacidad que permiten el manejo discrecional de los resultados.

De ahí que mientras no se publiquen oportunamente la totalidad de las calificaciones obtenidas por los aspirantes en cada una de las etapas y no se dé a conocer la información relativa a la forma de calificar la etapa de “factores de evaluación”, para poder corroborar que la información ahí plasmada es fidedigna, lógica y congruente, no podremos hablar de que los concursos de jueces y magistrados sean totalmente transparentes.