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Independientemente de si el Senado decide dar marcha atrás al paquete fiscal aprobado por los diputados la semana pasada, es innegable que nuestros legisladores enfrascados en pleitos de vecindad y en el resguardo de sus intereses mezquinos, mantienen como rehén a los proyectos fundamentales para el desarrollo del país. No sólo aprueban una medida retrógrada incrementando, 3% de impuestos a Internet y telefonía, cuando la tendencia en países de alto grado de desarrollo es conseguir el acceso universal y gratuito, puesto que en la actualidad, la tecnología no es un lujo, sino fuente de productividad. Las naciones cuyos habitantes logren tener acceso a la tecnología y las capacidades necesarias para incorporarla al mejoramiento de sus condiciones de vida, entrarán en este siglo XXI, a la Sociedad del conocimiento, los que no lo hagan, se quedarán rezagados en la era informacional.

De acuerdo a la UNESCO la Sociedad del conocimiento, SC es un complemento necesario de la denominada Sociedad de la Información, SI, ésta última comprende únicamente el progreso tecnológico, en tanto que la SC abarca además dimensiones sociales, éticas y políticas, teniendo como infraestructura las redes digitales, a través de las cuales, se potencia el desarrollo económico y humano.

Entre las recomendaciones que hace el organismo, está la responsabilidad de los Estados para incentivar la innovación con recursos, concediendo créditos y estímulos fiscales, sobre todo a las empresas pequeñas y medianas PYMES, que incorporen tecnologías. Un incremento como el aprobado lesiona más que nada a estos actores económicos fundamentales para el desarrollo de una economía emergente y en recesión.

A la SC, dice el organismo, tampoco se puede ingresar sin una política congruente de ciencia y tecnología. En México, durante los primeros ocho años de la década, la inversión en proporción al PIB para ciencia y tecnología fue las más baja de los países de la OCDE, invirtiendo un inaceptable 0.35%; brecha enorme con respecto a naciones como Suecia que destina 3.60%.Esta realidad como lo señaló el pasado lunes a El Universal el ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Octavio Paredes, desalienta la participación de jóvenes científicos en la innovación, motor de la Sociedad del conocimiento.

En verdad, el cortoplacismo endémico de nuestros gobernantes y legisladores es una vergüenza. En los setenta, embriagados por la riqueza petrolera, nuestros gobernantes (no digo legisladores por el unipartidismo de ese entonces), nunca se detuvieron a planear el futuro en un ejercicio de responsabilidad y ética elemental para con sus gobernados. Un recurso natural abundante merecía que México hoy fuese vanguardia tecnológica y científica en materia de energía no renovable y alternativa. La riqueza nacional acabó financiando errores económicos y campañas políticas. La lección no fue suficiente, nos quedamos sin petróleo.

Casi a punto de irse, los diputados de la legislatura anterior suscribieron la iniciativa de Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (disponible en la red), reconociendo que el acceso a las nuevas tecnologías “debe ser considerado un elemento fundamental para lograr entre los mexicanos un verdadero desarrollo humano y sustentable”. Además, señalan los diputados firmantes, “esta ley pretende promover y estimular el uso intensivo y creativo de estos nuevos medios tecnológicos, bajo una visión de derechos humanos”.

Todo indica que nuestros actuales diputados que equiparan el consumo del tabaco y la cerveza con la apropiación tecnológica, no tienen ni la menor idea de lo que suscribieron sus antecesores, quienes reconocieron el valor del acceso y el desarrollo de cibercapacidades, elevándolos a derecho fundamental. Se trata de una ley de 27 artículos que contempla acceso, alfabetización digital, la concreción del gobierno electrónico, el impulso a la competitividad y productividad, el establecimiento de un marco jurídico moderno que facilite el ingreso de México a la Sociedad de la Información y del conocimiento.

Para conseguirlo, se propone la creación de una Comisión intersecretarial ejecutora, así como de un Consejo que mida el impacto de las políticas públicas destinadas a crear un México digital. También se obliga al Ejecutivo a que a los seis meses de promulgada, formule un plan rector para lograrlo. Más allá de las imperfecciones que pudiese tener, esta ley pudiera coadyuvar a corregir y subsanar los errores de la política digital del sexenio de Vicente Fox, basta recordar el fracaso del oneroso proyecto Enciclomedia.

Los diputados firmantes tendrán ahora otras “chambas” partidistas. Los nuevos, luego de haber sido electos en unos millonarios comicios ( El IFE tiene un presupuesto de unos 12 mil millones de pesos, de los cuales 31% se destina al financiamiento de los partidos políticos), inmersos en el cortoplacismo y la irresponsabilidad a que nos tiene acostumbrados, lesionan y favorecen lo que les conviene, basta ver cómo en este mismo paquete fiscal, que considera que los usuarios de Internet estamos gastando en lujos, se contempla diferir el pago de derechos a las empresas que participen en la subasta del espectro radioeléctrico para la banda de 1.7 a 2.1 GHZ, lo que significa de acuerdo al senador Javier Corral, que se dejen de recaudar mil 900 mdp.

Los beneficiados como siempre, son los gigantes del entretenimiento y las telecomunicaciones que seguramente ganarán la licitación de frecuencias para telefonía móvil y servicios de tercera generación 3G. Los diputados, se habrán ido a dormir tranquilos, al fin y al cabo hicieron su “chamba”, mientras, el desarrollo del país y sus más de 100 millones de habitantes seguiremos esperando ¿Hasta cuándo?