La base será la misma que permitió la liberación de un grupo inicial de 20 indígenas, el 12 de agosto pasado: la fabricación de pruebas y de testigos que llevó a cabo la Procuraduría General de la República para consignar a personas inocentes y responsabilizarlas de la matanza de 45 personas ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal en Chiapas.

Y seguramente, como la vez pasada, otra vez se escucharán muchas voces que pedirán castigo para los responsables de la fabricación de testigos, pruebas y culpables, por parte de la PGR durante la administración del entonces presidente Ernesto Zedillo. Y nada, lamentablemente, nada pasará.

Como tampoco pasará nada en el Poder Judicial de la Federación. Porque, como dije en el post del 17 de agosto, en este mismo espacio, y reitero, del caso Acteal se han dicho muchas cosas, menos que la culpa es de los jueces.

Y, sí, reitero, la culpa también es de los jueces. Sí, la Procuraduría General de la República detuvo a decenas de inocentes, les fabricó pruebas y testigos. Sí.

Pero nada de eso hubiera prosperado si la PGR no hubiera tenido el aval de jueces y magistrados; si uno de ellos, incluso, no les hubiera agregado delitos que ni siquiera había consignado el ministerio público, en su de por sí viciada acusación; y si los indígenas que permanecieron 11 largos años de su vida recluidos, de manera injusta, no se hubieran cruzado en su camino con jueces que tardaron años en dictarles sentencias y que cuando las dictaron se basaron y tomaron como referencia datos obtenidos en Wikipedia.

Sí. Nada de eso hubiera pasado si en su camino hubieran encontrado otro tipo de jueces. Pero ocurrió. Pasó. Y ese expediente quedará como una mancha, que cada vez que se pueda, habrá que recordar, en el expediente de los jueces y magistrados que avalaron esas acusaciones, ese andar de todo el aparato de Estado para aplastar a los desafortunados que estuvieron a su paso.

Sí. Sé, y afortunadamente me ha tocado constatarlo, que hay jueces y magistrados, los muchos creo, que tienen la valentía para ejercer y hacer honor a su profesión.

Pero los otros, los otros hay que tenerlos en cuenta.

Y, por eso, que es demasiado, también vuelvo a recordar que cada que hay una toma de protesta de nuevos jueces, cada que se quiere enviar un mensaje inspirador en torno a la función de los jueces, es común que se recuerde la historia del molinero.

Esa en la que tan apasionadamente se recuerda la amenaza que le hizo un rey a un molinero para que le entregara sus propiedades para instalar en ellas un cuartel, y en la que se afirma que el molinero le dijo que eso no ocurriría "mientras haya jueces en Berlín”.

¡Ah, la figura idealista del juez!

Porque si el molinero hubiera vivido en Chiapas lo habrían despojado de su molino, le hubieran inventado algún delito y los jueces lo hubieran enviado a prisión por muchos, muchos años.

¡Qué tal eh!

Buen día.

APUNTES PARA EL EXPEDIENTE

Es curioso como muchos de los que se desgarraron las vestiduras por lo que pasó en el caso de la indígena Jacinta, exactamente en un caso similar – ¡nooo, quizás peor porque perdieron 11 años de su vida en la cárcel!- volverán a desgarrarse las vestiduras, pero ahora para criticar la liberación de los indígenas que –de manera injusta y también en procesos fabricados- fueron encarcelados por el caso Acteal.

Casos similares, pero con balanzas distintas. Sí, eso también ocurre entre los defensores de derechos humanos. Y a veces, por cuestiones que ellos mismos suelen criticar, y que tienen que ver con una tremenda intolerancia religiosa de los católicos hacia los evangélicos o presbiterianos en Chiapas.

ACUSE DE RECIBIDO

Por cierto que ahora que hablamos de las sentencias que se deben exhibir. Aquí me mandan un ejemplo.

¿La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo descentralizado de la administración pública federal o es un organismo constitucional autónomo?

Bueno, quien haya seguido, tan sólo, de cerca las noticias sobre la designación del próximo presidente de la Comisión o, por lo menos, los comerciales tan repetitivos de la CNDH, sabrá que se trata de un organismo constitucional autónomo.

Pero que alguien le avise al Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, porque para los magistrados de dicho tribunal la CNDH sigue siendo un organismo descentralizado de la administración pública federal.

De un plumazo los magistrados le dijeron adiós a la autonomía de la CNDH, al resolver el conflicto competencial, 8/2009, al olvidarse que la Comisión perdió este carácter desde el año de 1999, mediante la reforma al artículo 102, Apartado B, de la Constitución, que la elevó organismo constitucional autónomo.

Y al mantenerse ajenos al criterio que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre este tema, al resolver las controversias constitucionales 32/2005 y 31/2006.

Es importante apuntar que los considerandos de las sentencias dictadas por la Corte en las controversias constitucionales obligan a los Tribunales Colegiados de Circuito.

Entonces cómo explicar la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito ¿Desconocimiento o desacato de la Constitución y la jurisprudencia? ¿Una edición de la Constitución atrasada? ¿O podrá inscribirse en otro contexto?