La liquidación del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC) resultó un evento anunciado que todo mundo veía, menos los trabajadores de la empresa y las dirigencias sindicales que se aferraron en ventilar al exterior un conflicto que debió de resolverse en el ámbito de la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Por supuesto que no habré de cuestionar si una u otra de las partes en conflicto por la dirigencia del SME cometieron excesos en el proceso electoral interno, pero resulta absurdo que no se hayan percatado que ese conflicto tan solo aceleró la decisión adoptada por el gobierno Federal. Ahora se dieron cuenta de su error y decidieron unirse para afrontar juntos el problema que representa el cierre de su empresa, pero tal parece que su determinación es extemporánea.

No obstante, considero necesario hacer algunas reflexiones en torno a tan sonado caso, sobre todo respecto a los derechos laborales que les asisten a los trabajadores del organismo.

Si se ha determinado que la liquidación de la empresa implica la desaparición de las obligaciones laborales, la no subsistencia de las relaciones de trabajo, la desaparición del contrato colectivo y la del sindicato de los trabajadores de ese organismo, y que en consecuencia todos los trabajadores deberán sujetarse a un procedimiento de liquidación laboral, debiéramos detenernos un poco para analizar estos supuestos.

En principio, no se puede argumentar que la empresa desaparece porque su funcionamiento resultaba incosteable o porque sus finanzas eran deficitarias. Es de recordarse que la empresa pública no persigue fines de lucro ni es su función la obtención de ganancia como en el caso de la empresa privada. La empresa pública está prevista para cumplir funciones de producción o prestación de bienes o servicios a cargo del Estado y en favor de la sociedad, y a tal efecto recibe los subsidios que resulten necesarios para que pueda operar sin problemas económicos.

Si ese fuera el criterio para desaparecer LyFC, sería el mismo con el que se liquidarían el IMSS, el ISSSTE, la CFE, Liconsa, Diconsa, etc., pues la mayoría de las empresas públicas requieren del subsidio del gobierno para su operación.

Por lo que hace a los derechos laborales de los trabajadores, quien asuma las funciones de LyFC se deberá considerar, como lo indica la Ley Federal del Trabajo, como un patrón sustituto, con la obligación de respetar las condiciones de trabajo previstas en el Contrato Colectivo y en la legislación laboral. El sindicato, por su parte, no puede desaparecer por resolución administrativa y habría de subsistir aunque LyFC se liquide, pues sus afiliados se deben considerar en activo en la empresa que sustituya a la liquidada. La decisión de dar por terminada la relación de trabajo y aceptar una liquidación por tal concepto debe ser asumida exclusivamente por los trabajadores y no por el decreto de liquidación de la empresa.

La legislación laboral es muy clara al respecto, pues estamos en presencia de un acto en el que subsiste la materia de trabajo y por tanto, no hay motivo para dar por terminada la relación laboral. Entender lo contrario sería tanto como aceptar que las normas constitucionales y legales en materia de trabajo salen sobrando.

Si las autoridades administrativas que emitieron el decreto de liquidación de LyFC partieron de un criterio jurídico erróneo en materia laboral, corresponderá a las autoridades jurisdiccionales enmendar tal error y conceder la protección de la justicia federal a quienes la demanden.

Esta opción podrá no ser la más aceptable para muchos, pero sí la legal y constitucionalmente aplicable.