Hace poco más de una década atinó a justificar: "las mata porque se visten como prostitutas", decía Arturo Chávez Chávez al referirse a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Y hoy ante los cuestionamientos que le siguen diez años después, quien espera mañana ser ratificado por el Congreso de la Unión como Procurador General de la República, aceptó que en las investigaciones hubo errores, omisiones y negligencia. ¿Es el defensor de la justicia que necesitamos o el que merecemos?

¡Por sus actos los juzgarás! Reza el proverbio, pero aún concediendo que en efecto en esa actuación al frente de la procuraduría estatal entre 1996 y 1998, se actuó con los elementos del Ministerio Público que se tenían en su momento y a su disposición, como lo dijo en su comparecencia, ¿Qué nos ofrece hoy, para que a diferencia de lo que “le sucedió” en aquellos años, hoy pueda enfrentar no sólo las investigaciones como las mujeres de Juárez?

¿Qué perfil de abogado de la Nación requerimos cuando nuestro sistema judicial se tiene que enfrentar a casos como el de la indígena Jacinta? ¿Qué capacidades y habilidades se requieren para definir qué ruta debe seguirse frente a la oleada de secuestros en México, el crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico y la proliferación de armas cortas que aparecen en sucesos como el del Metro de la ciudad de México?

Hace unas semanas, se realizó en México una reunión mundial sobre las estrategias para abordar el tipo de armamento mundial de gran y pequeña escala.

En el caso de México, se dijo que luchas como la del narcotráfico, que encabeza el Ejército Nacional, tiene que mantenerse bajo observación a fin de mantener el respeto a las garantías individuales.

Con la presencia del titular de la Organización de Naciones Unidas, Banki-Moon se afirmó que la proliferación de armas no garantiza la seguridad.

Así lo vimos ya, la semana pasada cuando Luis Felipe Hernández Castillo utilizó su pistola para dirimir su discusión político-religiosa en la estación del metro Balderas.

En efecto las autoridades se están enfrentando a situaciones cada vez más complicadas de cómo la sociedad mexicana está reaccionando ante su entorno familiar, laboral, económico, político, religioso y social. De ese tamaño es el reto para quien también llega a ocupar un cargo como el de titular de la Procuraduría General de la República.

Además hay que enfrentarse a la forma en que los mexicanos estamos reaccionando ante esos factores que generan violencia. ¿Estamos presos del miedo y el temor? ¿No es, acaso, lo que se reflejó en el caso del señor Esteban Cervantes Barrera que se enfrentó al asesino del metro cuando lo vio con una pistola y sólo un hombre intentó ayudarle para despojarlo del arma?

¿No es eso lo que vemos o vivimos a diario cuando vemos y sabemos que alguien es asaltado?

De acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional, entre 1972 y 2001 se otorgaron 5 millones 443 mil 547 licencias de portación de armas en México, y en los últimos dos años se ha incrementado alrededor de 30% la compra individual de armas de fuego.

Como casi todo lo que ocurre en nuestro país y más tratándose de la justicia, el mercado negro o las cifras ocultas revelan que en el caso de armas las propias autoridades federales estiman que hay más de 15 millones de armas ilegales que circulan en las 32 entidades.

Además de estos y otro tipo de delitos como los de cuello blanco y los de tipo político, el reto para quien sea designado al frente de la PGR es enorme ya que significa encabezar, además, la reforma del sistema judicial de México, que se convirtió en la mayor demanda ciudadana de los últimos años.

En el caso de Chávez Chávez parece que hay experiencia, aunque a nivel local en casos como el de la llamada acusación conocida como El Maxiproceso --de 2 mil 433 páginas fechada el 19 de febrero de 1999-- en la cual se involucró a varios gobernadores del país, entre éstos a Francisco Barrio con el cártel de Juárez, expediente que también estuvo en un juzgado de El Paso, Texas.

En ese año de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, concluyó que Chávez Chávez y varios funcionarios estatales más bloquearon las indagatorias sobre personas desaparecidas en Juárez, que para entonces era cien.

Y luego, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que se señaló que Chávez Chávez tenía la responsabilidad constitucional y legal de investigar, perseguir y consignar a los presuntos responsables de los crímenes de mujeres.

Después de tantos años ¿qué mensaje damos cuando existen determinaciones de la CNDH, que no son vinculatorias de sanción para dejar pasar la sanción moral? ¿No ya los mexicanos y la sociedad internacional han emitido un fallo en el caso de Juárez donde es clara la negligencia de cómo han actuado las autoridades, no sólo Chávez Chávez?

¿Le damos carpetazo a eso y otorgamos el beneficio de la duda?

Es una decisión complicada para los Senadores. ¿Tiene alguna recomendación para que al momento de definir su voto los legisladores reflexionen en algo en particular?