O lo que es lo mismo, para que no verifiquen sus edificios ni se asomen tras las puertas de los juzgados y tribunales para ver si cumplen con las disposiciones establecidas en la Ley General para el Control del Tabaco y en su reglamento para proteger a los no fumadores.

Y para lograrlo promovió un juicio de amparo. Sí. El órgano encargado de nombrar a los jueces y magistrados y de administrar a todos los juzgados y tribunales federales del país, pidió la protección de la justicia, del Poder Judicial, de ese poder en el que ocupa el segundo lugar en la escala jerárquica después de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con esta medida el Consejo busca impedir que la Secretaría de Salud tenga acceso a todos sus edificios, incluidos, claro está, también los de los juzgados de distrito y los tribunales colegiados y unitarios.

Pero, ¿bajo qué argumento? Bueno, pues bajo el argumento de que de permitir las visitas de verificación, que lleva a cabo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se vulneraría la autonomía y la independencia de los órganos que forman parte del Poder Judicial de la Federación.

Y quizá desde el punto de vista técnico tenga razón. Pero, realidad, en el fondo, realmente en el fondo, ¿cuánta autonomía se vulnerará con las visitas de verificación? ¿Qué no es más fácil tratar o comprometerse a cumplir con lo que marca la Ley? ¿En cuántos de los juzgados,tribunales y edificios del Consejo no se respeta dicha norma?

El Consejo promovió el juicio de amparo para tratar de anular los resultados de una visita de verificación que realizó la Secretaría de Salud a sus instalaciones, a través de su dirección Ejecutiva de Dictamen Sanitario, a fin de determinar si garantizaban que los espacios públicos estuvieran libres de humo de tabaco y si contaban con lugares exclusivos para fumadores.

El Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco establece que la secretaría de Salud tiene atribuciones para realizar visitas de verificación ordinarias, en días y horas hábiles, y extraordinarias, éstas últimas en cualquier horario.

Pero también precisa que “los titulares y administradores de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública y de los Órganos Legislativo, Judicial y Autónomos de la Federación, serán los responsables de implantar, cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento, en sus respectivos ámbitos”.

¡En, fin!

Por la relevancia, trascendencia e importancia del caso, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en la capital del país, el cual tiene a su cargo el juicio, le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso para que se haga cargo del amparo.

El tribunal colegiado en cuestión le pidió a la Corte que ejerza su facultad de atracción no sólo por lo novedoso y excepcional del juicio, sino porque el mismo fue promovido por el Consejo de la Judicatura Federal, que es el segundo órgano de mayor importancia y jerarquía dentro del Poder Judicial.

La solicitud del tribunal fue admitida a trámite en la Corte y se le turnó a la ministra Margarita Luna Ramos para que analice la petición.

Por el tema y porque el que promovió la demanda de amparo es el Consejo de la Judicatura se prevé que la Corte atraiga y resuelva este juicio en los próximos días. Veremos qué pasa.

Por lo pronto tenga en cuenta que apenas el jueves pasado, la Corte avaló la Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores para el Distrito Federal, que garantiza espacios cien por ciento libres de humo de tabaco en los establecimientos mercantiles y en los espacios públicos del Distrito Federal.

Y que también tiene pendiente a revisión de los más de 3 mil amparos en los que se alega que la ley viola diversas garantías, entre otras la de no discriminación, y de libre comercio, tanto de los fumadores como de los establecimientos mercantiles, principalmente los restaurantes.

APUNTES PARA EL EXPEDIENTE

El lunes pasado les anunciábamos un foro que se realizaría en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la necesidad de que se transparenten los procesos de designación de una serie de funcionarios clave para el funcionamiento del país, entre los que destaca el de dos ministros de la Corte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el del gobernador del Banco de México.

Y hablaba de mi pesimismo. De la idea, del convencimiento, mío desde luego, de que ya todo está negociado, de que todo se va a resolver por cuotas.

Y, sí, creo que hay quienes comparten la idea, y también son realistas. Pero piden que las designaciones, aún cuando sean por cuotas tomen en cuenta los perfiles de los nuevos candidatos.

Sí, nos dicen e insisten, los perfiles deben ser tomados en cuenta. Quizá si ya no se puede evitar que los lugares se repartan por cuotas, lo que sí se puede generar es un escrutinio social para vetar, para descalificar, a quienes no reúnen los perfiles.

Por eso, varios de los organizadores y asistentes se dijeron dispuestos a tomarle a la palabra al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Carlos Navarrete, cuando le pidió a los académicos, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, asociaciones, colegios, entre otros, sumarse a la fiscalización y discusión para elegir a los nuevos funcionarios.

Y cuando se comprometió a transparentar los procesos de selección y abrirlos a los sectores interesados.

“Se requiere –dijo-, y exhorto públicamente a las organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país, a las organizaciones civiles, a los profesionistas, a los interesados en el tema, a las instituciones de educación públicas y privadas, a los institutos a participar intensamente en este tema”.

¿Palabra de político?

ACUSE DE RECIBIDO

Me hicieron llegar una lista de candidatos a la CNDH. Ahí se las dejo a su consideración.

Desde la Comisión, José Luis Soberanes busca colocar a alguno de sus colaboradores, su caballo negro, es el visitador Mauricio Farah, pero también tiene como segunda opción a Raúl Plascencia y Javier Moctezuma.

Desde Jurídicas el “Grupo UNAM” apoyo al secretario general de la universidad y ex fiscal del caso Colosio, Raúl González Pérez.

La izquierda y las organizaciones no gubernamentales apoyan al ministro Genaro Góngora Pimentel y ex ombusman del DF, Emilio Alvarez Icaza y .

Los grupos conservadores buscan que llegue el ministro Mariano Azuela.

Y desde otros grupos se apunta al director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo Laveaga, al diplomático de carrera Luis Alfonso de Alba y al académico Emilio Rabasa.