Me envió una invitación, al igual que a muchos, para asistir a un seminario que ha organizado el Instituto de Investigaciones Jurídicas para discutir y analizar el perfil que deben reunir quienes sean designados para llegar a espacios claves del país como el Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Banco de México.

Anexo a la invitación venía una interrogante respecto a si le ayudaríamos a difundir el evento académico, acompañada de una frase muy certera, menos académica, y más personal, que, a los que compartimos la preocupación sobre el tema, nos hacía apoyarlo en la difusión del foro.

“Creo –nos decía- que se trata de un tema que si dejamos solamente en manos de los políticos, como suele suceder, estaremos pagando por años y años las consecuencias”.

Ciertamente las respuestas de apoyo no se hicieron esperar. Y el evento se ha comenzado a difundir en diferentes foros. Y, ciertamente, mi primera impresión e intención también fue difundir el tema; darle la relevancia que tiene; en especial porque se trata de un tema con el que me comprometí desde que inició el año y al que me he referido en diferentes momentos en los últimos meses.

Pero posteriormente me di cuenta de que el optimismo con el que había iniciado el año (con el que creía que se podía generar un movimiento para transparentar y evitar que el nombramiento de ministros de la Corte, de consejeros de la Judicatura Federal y, más tarde, del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fuera sólo una negociación entre los grupos de poder), se me quedó en el camino.

Porque ya en el último tercio del año mi pesimismo es más grande que mi optimismo. Quizá la información que he encontrado en el camino (y que he compartido en este espacio, incluida la de la semana pasada) se ha encargado de documentar mi pesimismo.

Se haga lo que se haga, todos los cargos se van a negociar, se van a repartir, se van a manejar como cuotas, un ministro para el presidente de la República, otro para el PRI, perdón, para Manlio Fabio Beltrones.

A menos que alguien, entre ellos mismos, cajee uno de estos cargos, como estampitas, por un presidente de la CNDH o un presidente del Banco de México, o con algún fiel colaborador en la Cofetel o en el IFAI.

Los perfiles, esos que se deberían tomar en cuenta para colocar a los mejores candidatos en estos cargos, esos no van a importar.

Pero bueno, espero que mi pesimismo se revierta en lo que queda del año con un cúmulo de acciones, impulsadas desde diversos sectores, y que lleguen a tener tal peso que cambien el estado de las cosas (algo que no ha sucedido en ocasiones pasadas en las que también se han organizado foros como el de Jurídicas); para que pueda documentar mi equivocación y recuperar mi optimismo.

En buena hora por el “Seminario México ante la renovación de sus instituciones:

Poder Judicial de la Federación, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Banco de México. ¿Qué perfiles y bajo qué procedimientos?”.

La entrada es libre. Y se llevará a cabo el Miércoles 2 y jueves 3 de septiembre de 2009, a partir de las 9:00 hrs, en Jurídicas, en CU.

Sólo un dato. El evento es plural –hasta van a estar los senadores que muy seguramente no tomarán nada de lo que ahí se diga para cambiar ni alterar el estado de sus intereses-, pero de pronto llama la atención que entre los ponentes hay varios, pero varios candidatos naturales a ocupar dichos cargos.

¡Qué tal, eh!

Buen día.

APUNTES PARA EL EXPEDIENTE

Y ya que estamos en eso de los nombramientos y para seguir con mi pesimismo, ahí les dejo como apunte algo que ya les había adelantado el viernes pasado, en la edición impresa, el juez del caso Acteal, Martín Rangel Cervantes, ganó un concurso para ascender al cargo de magistrado de circuito.

Y el caso no tendría la menor relevancia, sino fuera porque los 20 indígenas que liberó la Corte, y otro número similar que también será liberado en los primeros días de septiembre, pasaron en prisión 11 años de su vida gracias a que él avaló las pruebas y testigos falsos que fabricó la PGR, durante la administración de Zedillo, para culparlos de la matanza de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997.

Y, por si faltaba algo, se olvidó de que era juez y actuó como si fuera ministerio público (¿por consigna o ineptitud?) y les agregó delitos que ni siquiera les había fincado la PGR. Y, ya para rematar, sustentó su sentencia de culpabilidad en datos que consultó en Wikipedia. Sí en la enciclopedia pública que es alimentada de información por cualquier persona que tenga libre acceso a internet.

Todo lo que llevó a la mayoría de ministros a calificar su actuación –y la de otros juzgadores- como indebida e ilícita.

Todo lo que no se tomó en cuenta a la hora de nombrarlo magistrado.

¿Qué va a hacer el Consejo de la Judicatura Federal? Nada. ¿Qué discurso van a pronunciar los ministros y consejeros el día que tome posesión de su cargo ante el Pleno de la Corte y del Consejo? ¿El del molinero que les recordaba hace dos semanas?

ACUSE DE RECIBIDO

Ya para acabar, pero no por eso de menor interés, sino todo lo contrario, les dejo un comentario muy acertado que me enviaron sobre el caso del juez Rangel:

El tema lo que pone en duda es los mecanismos que se emplean para los ascensos y, en general, la capacidad del Consejo para monitorear lo que sucede en el poder judicial federal. El pretexto de la queja es un mero formalismo. Todo el mundo leyó la nota del juez Wikipedia. Ello debe levantar aunque sea un foco amarillo.

Ahora, hay otros dos problemas: 1. Estoy seguro que en el área de disciplina tienen el caso en la cabeza. El problema es que los precedentes en revisiones administrativas de la Corte no ayudan. Recuerda que hay un criterio, a mi entender muy rígido, que entiende que la revisión de las resoluciones de los jueces puede atentar contra la independencia judicial (ve la resolución de Jorge Carenzo). Eso creo que puede atar de manos a Vázquez Marín.

2. Lo que me parece más complicado, es que este tipo de cosas no parecen tener impacto alguno en los concursos. Es decir, el concurso es ciego, por decirlo de alguna manera, a los antecedentes de los jueces. Desde luego que alguien argumentará que se revisa la hoja de servicios y el cv, pero parece que es una cosa más formal. Todo se decide en los exámenes. Creo que es precisamente en el proceso de selección y en los concursos en donde está uno de los malestares más graves.