¿Tú que crees?

¿Hasta donde llegará la purga que ha emprendido el gobierno de Calderón en la “guerra” contra el narcotráfico?

Primero debemos recordar que ese asunto lo habíamos advertido hace poco más de un año, en el Itinerario Político del 16 de julio de 2008, que titulamos así: “Narcopolítica, secreto a voces”.

También es necesario acudir a la memoria para recordar que primero se llevó a cabo la llamada “Operación limpieza”, que condujo a prisión a altos mandos de la PGR y la Secretaría de Seguridad.

Luego se produjo la detención de altos mandos de Seguridad Pública en Morelos, a los que se implicó en el narcotráfico.

En ese mismo estado, hace una década, el gobierno priísta de Carrillo Olea cayó precisamente porque se descubrió que protegía a narcos. Ese escándalo fue determinante para la llegada del PAN al gobierno estatal.

El paso tres fue la captura de los 10 alcaldes de Michoacán --más uno que se encuentra prófugo--, además de 18 servidores públicos de alto rango del gobierno de Leonel Godoy. También restan por capturar a por lo menos una decena de presuntos implicados.

Y apenas el pasado martes policías federales detuvieron a por lo menos 60 policías de Nuevo León, implicados en el narco.

En este caso, debemos recordar que Nuevo León es el estado donde el crimen organizado tiene una importante base social, la que salió a la calle a manifestarse contra la presencia del Ejército.

Eso fue criticado el mismo martes por Germán Martínez, quien dijo que el gobernador Natividad González Parás no hizo su tarea, y que por eso debieron entrar las fuerzas federales.

Es decir, en los más recientes seis meses, las fuerzas federales han dado cuatro golpes de vital importancia al narcotráfico, en los cuales han sido detenidos desde funcionarios federales de primer nivel, hasta policías municipales, pasando por alcaldes y procuradores estatales.

¿Eso puede ser identificado como una acción electoral?

En conjunto el trabajo empezó desde hace por lo menos un semestre, y deja ver que existe un sistema de inteligencia por parte del Estado, que da resultados positivos, y que auguran que caerán más alcaldes en estados como Veracruz, Tamaulipas y Durango.

Aún así, son muchos los que creen que detrás de todo ello existe una mano electorera. Es decir, que el gobierno federal pretende capitalizar su lucha contra el crimen organizado, con fines electorales.

¿Qué debía hacer el gobierno para sacudirse esa duda?

Al parecer la única respuesta debía ser la de aportar todas las evidencias que acrediten la culpabilidad de los detenidos, y consignarlos antes del proceso electoral del 5 de julio.

Ahora bien, no queda claro para nadie la razón por la que partidos políticos como el PRD --y supuestos militantes y simpatizantes de los alcaldes detenidos--, han organizado movilizaciones para reclamar la liberación de los presuntos implicados.

¿Quién mueve a esa gente, quien les paga, cuanto cuesta esa movilización?

¿Realmente tienen el apoyo del partido amarillo, o es que son personajes que mueve el cártel de La Familia, al amparo de un partido político como el PRD?

¿Tú que crees?

Recuerda que la tuya es LA OTRA OPINIÓN.