La Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado la iniciativa de Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. El ordenamiento, enviado al Senado para su revisión, busca que la entrada de México en la era digital sea una prioridad de las políticas públicas de esta administración y de las siguientes, reducir la brecha social en el acceso a tecnologías y conocimientos, así como promover la mayor adopción de estos elementos por parte del Estado y del sector privado con la finalidad mejorar tanto la gestión gubernamental como la competitividad del país.

De primera impresión, estos objetivos resultan no sólo deseables sino congruentes con la actualidad: en una época en la que en todo el mundo es cada vez más constatable el adagio “información es poder” (para los gobiernos, para las empresas, para las instituciones académicas y para las personas), la nación no debe permitirse quedar rezagada respecto de los avances de las revoluciones tecnológicas. Sin embargo, una lectura completa de la legislación deja ver vacíos que —como ha ocurrido en otros casos— podrían bloquear cualquier buena intención.

Para comenzar, a pesar de que la iniciativa reconoce que en México hay enormes desigualdades, “pues existe un sector muy pequeño que se encuentra al mismo nivel de equipamiento y de conocimiento que los países del primer mundo, (mientras) existe un sector de la población que usa de manera elemental el medio (y) la gran mayoría de los mexicanos nunca han tenido la oportunidad de asomarse a la realidad de las computadoras e internet”, en todo su texto no brinda una sola pista acerca de cómo sería posible atacar y disminuir esa brecha.

Entiendo que, como señala el ordenamiento —disponible en la Gaceta Parlamentaria—, una vez publicada la ley corresponderá al Ejecutivo federal elaborar la agenda digital nacional que servirá de base para diseñar las estrategias, los programas y las acciones concretas para el desarrollo de la sociedad de la información. No obstante, considero grave que desde la legislación no se exponga al menos un principio claro que guíe a las instituciones en la lucha contra tales disparidades.

Así, puede inferirse que los diputados ignoraron la magnitud del problema que se debe revertir o la incidencia de otros factores que frenan la popularización de las nuevas tecnologías. Por ejemplo: ¿cómo llevar al país a la modernidad si únicamente 20% de los mexicanos tiene acceso a internet, si los monopolios en telecomunicaciones imponen sus condiciones y sus tarifas en el mercado, y si la inversión nacional en este rubro es baja? Todo lo anterior parece quedar soslayado.

Por otra parte, la ley también estipula la creación de una comisión intersecretarial encargada de coordinar las actividades entre dependencias y niveles de gobierno en materia digital, y de un consejo que evalúe los avances obtenidos. Pero si bien un proyecto como la digitalización del país puede justificar el establecimiento de organismos específicos, experiencias pasadas despiertan dudas sobre su funcionamiento.

El caso más reciente es el del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, producto de la legislación aprobada en abril de 2008, de cuyas acciones y resultados poco sabemos y podemos palpar los ciudadanos. En ese sentido, del mismo modo en que esos órganos tendrían que realizar una más transparente difusión de su trabajo, todos deberíamos estar al pendiente de ellos y exigirles cuentas.

Una última crítica se desprende del artículo cuarto transitorio de la ley, que dispone que para las instancias arriba citadas “se aprovecharán los recursos humanos, materiales y financieros de las dependencias y entidades, por lo que no se requerirán recursos adicionales para tal fin”.

Esta medida, según el texto, responde a una política de austeridad. Empero, dados el tamaño y la ambición del reto, es ilógico defender la mesura en el gasto público en un ámbito que es capital para el desarrollo nacional, al tiempo que simplemente se olvida en otros como los exagerados sueldos de los altos funcionarios.

Resulta positivo que se pretenda llevar a México a la sociedad de la información a través de una política de Estado con visión de largo plazo. Sin embargo, debemos comprender que eso no se conseguirá con palabras, o sea, con el mero hecho de expedir una ley, y menos si ésta presenta deficiencias. Falta, pues, un largo camino por recorrer, uno en el que el primer paso consiste en que el Senado corrija la iniciativa enviada desde San Lázaro con el propósito de contar con un marco jurídico completo que abra las puertas para entrar en la era digital. De lo contrario, otra vez, tendremos sólo buenas intenciones. No más.

mauricio.torres@eluniversal.com.mx