Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo de Naciones Unidas, advierte que la violencia juvenil en la región se incrementará el próximo año como consecuencia de la crisis económico-financiera que afecta al mundo. Según el documento, factores como la escasez de oportunidades de empleo y la pobreza aumentarán el desencanto y la frustración entre los jóvenes, lo que a su vez potenciará la agresividad y el crimen.

De suyo preocupante, este pronóstico apunta no a una situación coyuntural sino al agravamiento de un problema de fondo. O dicho con mayor precisión, de un conjunto de ellos.

El texto de la Cepal, retomado por la sección de internacionales de EL UNIVERSAL el sábado pasado, alerta: “Muchos jóvenes latinoamericanos enfrentan situaciones múltiples de exclusión económica, social, política y cultural. Pese a mayor prosperidad de los países, la pobreza continúa afectando a buena parte de la población joven y persisten elevados grados de inequidad”.

Hablamos de que para un alto porcentaje de personas en este sector demográfico puertas fundamentales se tornan difíciles de alcanzar o de plano están cerradas. Algunas de las más significativas son, por ejemplo, el acceso a una educación que brinde “las destrezas necesarias para participar en las sociedades de información y conocimiento” o a “empleos de calidad que permitan la autonomía material”. Debido a tales condiciones de desigualdad, expone la comisión, las expectativas de movilidad social se ven truncadas y ese hecho, combinado con la segregación urbana o la falta de espacios de expresión, produce desconfianza en las instituciones públicas, en la democracia y en la política en general.

Por si este clima de desesperanza fuera poco —que no lo es—, a la apatía juvenil se suman otros peligrosos elementos directamente relacionados con la violencia.

La Cepal destaca que, en los contextos de la familia o el noviazgo, una mayor dependencia económica de la mujer hacia el hombre puede servir de pretexto a agresiones de género. Lo anterior, por desgracia, nos recuerda que en pleno siglo XXI y pese a numerosos esfuerzos académicos, civiles, artísticos, legislativos e incluso gubernamentales, en la región aún siguen vigentes resabios culturales de machismo, de desprecio a las mujeres y de la tendencia a considerarlas esclavas cuando no meros objetos.

Además, el consumo de drogas, la circulación de armas y la presencia de pandillas como las maras en Centroamérica, las quadrilhas en Brasil y los cárteles del narcotráfico en México han contribuido crecientemente a que la juventud sea tanto víctima como protagonista de actos violentos.

Frente al panorama descrito hasta aquí es posible obtener algunas conclusiones. Primero, que la desigualdad sigue aquejando a América Latina y que el modelo de desarrollo adoptado por casi la totalidad del continente, lejos de reducirla, la ha acentuado en virtud de que ni gobiernos ni sistemas económicos han sido capaces de generar riqueza y de repartirla con justicia, ni tampoco de crear suficientes fuentes de trabajo para la población que la demanda ni de garantizar el acceso a servicios de calidad como educación o salud.

En segundo lugar puede verse que los jóvenes permanecen relegados en la agenda política. No son prioridad para las autoridades y esto queda demostrado, como también indica la Cepal, en que los programas destinados a este sector carecen de un financiamiento continuo, en el limitado diálogo con instancias gubernamentales y, en el extremo, en la incomprensión y la criminalización de eventuales protestas.

Por último, sin caer en una falsa apología de la delincuencia, el acercamiento de la juventud y de personas de todas las edades al crimen en menor o mayor grado organizado se explica por el recrudecimiento de la exclusión social. Al respecto, en octubre Carlos Loret de Mola daba cuenta de las razones económicas que puede tener un campesino de Sinaloa para preferir cultivar mariguana en vez de jitomate, mientras que ya en febrero Ricardo Rocha denunciaba: “Seguimos sin atender las causas estructurales de la injusticia y la criminalidad: pobreza, corrupción e impunidad”.

El aumento de la violencia y de los delitos entre jóvenes, cierto, será uno de los muchos efectos de la crisis que viviremos en 2009. Sin embargo, dado que esa escalada evoca los rezagos históricos de la región y puede traer implicaciones dramáticas inmediatas y a largo plazo, más vale que los estados latinoamericanos presten a esta serie de problemas la atención debida antes de que cualquier bomba estalle, metafórica o literalmente.

mauricio.torres@eluniversal.com.mx