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No sólo aplaudamos la Ley General de Transparencia, exijamos su correcta implementación #TransparenciaYA
17-abril-2015
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Por Gabriela Morales*

La aprobación de la Ley General de Transparencia es un hecho que potencialmente puede contribuir a fortalecer el sistema democrático en nuestro país. Sin embargo, más allá de congratulaciones por este hecho lo más importante es continuar con el nivel de exigencia para asegurar una implementación efectiva de la misma.

La Ley General de Transparencia es una condición necesaria más no suficiente, especialmente en el contexto actual y después del complejo proceso de discusión de la misma, donde hay que decirlo, las disposiciones de avanzada desarrolladas por la sociedad civil fueron excluidas una por una hasta llegar a un punto de preocupación muy alto por las potenciales regresiones de la Ley que en alguna medida fueron corregidas por la disposición y compromiso de actores interesados en el tema.

A propuesta de la sociedad civil en la iniciativa presentada el 2 de diciembre se introducían estándares internacionales para delimitar la reserva de seguridad nacional, tema que quedó pendiente desde la reforma constitucional de transparencia. Éstos fueron excluidos. Para conocer la iniciativa accede al vínculo: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51718

Se incluyeron disposiciones para regular conforme a lo avanzado en la materia en nuestro país y los estándares internacionales la excepción de reserva de investigaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos. En la iniciativa con base en la jurisprudencia nacional e internacional, así como de las últimas decisiones del IFAI se propuso en el artículo 115:

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, calificadas así por autoridad competente o, cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente pero que por la trascendencia social de las violaciones así lo considere el órgano garante competente y de conformidad con el derecho nacional o internacional; […] Para efectos de lo referido en la fracción I del presente artículo, los organismos garantes podrán determinar si la información está relacionada con posibles violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, conforme al artículo 1º constitucional y a los tratados internacionales.

Para determinar que una violación a derechos humanos es grave para efectos del derecho de acceso a la información, se requiere comprobar la trascendencia social de las violaciones a partir de criterios cuantitativos como el número, intensidad, amplitud, generalidad, frecuencia o su prolongación en el tiempo, o bien, la combinación de varios de estos aspectos; o criterios cualitativos atendiendo a la especificidad del caso.

Para determinar si un caso se ubica en el supuesto de delitos de lesa humanidad, para efectos del derecho de acceso a la información, se atenderá a lo establecido por el derecho nacional e internacional.

Esta disposición también fue eliminada conservándose únicamente la excepción tal como la establece la Ley Federal de Transparencia desde 2002.

Desde la sociedad civil también se buscó introducir obligaciones de transparencia que garantizaran el acceso a la información relacionada con las, aplaudidas por el gobierno, reformas estructurales, tal como la obligación de las autoridades de publicar listado de solicitudes para acceder a los metadatos de los celulares de cualquier persona.

Así, para todos los sujetos obligados se establecía como una obligación de transparencia común, la publicación del listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicadores y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación.

Esta disposición y las obligaciones de transparencia relacionadas con la reforma energética fueron eliminadas. En relación con la reforma energética se dijo que estas serían puntualizadas en la Ley Federal de Transparencia. Esperamos que así sea pues además quedan pendientes una serie de regulaciones secundarias del artículo sexto en materia de acceso a la información. La Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Archivos, y la Ley Federal de Transparencia forman parte de estos pendientes.

Además el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron dictámenes donde se anulaba la prevalencia de la Ley General de Transparencia sobre otras leyes que de forma general establecen amplias reservas de información en oposición a la propuesta de la sociedad civil basada en estándares internacionales reconocidas por instancias regionales e internacionales como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas.

Debemos estar pendientes de este tipo de disposiciones como la no prevalencia de la Ley General que ponen en riesgo el derecho de acceso a la información y no confiarnos de planteamientos superficiales como gobierno abierto que se han referido en la Ley General y no porque no sea importante sino precisamente porque lo es.

La implementación de la Ley debe dar contenido y alcance a estos temas y otros conceptos introducidos como el de datos abiertos, un elemento fundamental para lograr el potencial democrático del derecho a la información.

En el documento aprobado ayer en la Cámara de Diputados, se excluye a las instancias de inteligencia de la autoridad de comités de transparencia, que son parte importante del diseño institucional para implementar la Ley siendo éstos quienes habrían, entre otras facultades, de revisar la clasificación de información de las unidades administrativas que tengan información.

La aprobación de la Ley General de Transparencia no debe ser utilizada para conseguir la legitimidad que tanta falta hace a la clase política en nuestro país. El proceso de aprobación de la Ley demostró que existen fuertes resistencias para el derecho fundamental de acceso a la información, que existen intereses que se pusieron por encima del derecho a saber de las personas y la sociedad.

No es fácil explicar el transitorio que retrasa obligaciones del poder legislativo.

Queremos saber qué paso con los más de 2 mil doscientos millones que la LXII Legislatura gastó en subvenciones asignadas directamente a los grupos parlamentarios sin mayor rendición de cuentas.

Para ver el video desarrollado por periodistas y organizaciones de la sociedad civil mira: https://www.youtube.com/watch?v=7jjkwfe4ti0

La aplicación de las bases, principios y procedimientos que se establecen en la Ley General serán también parte de las medidas sobre las cuales se evaluará el éxito de la Ley.

*Coordinadora Nacional México Infórmate

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México Infórmate es una iniciativa ciudadana que propone reducir la opacidad para combatir la corrupción e impunidad y promover la cultura de transparencia. Busca dar a los ciudadanos herramientas para poner al gobierno bajo la lupa y fiscalicen tanto el uso de recursos públicos, como la forma en que las autoridades toman las decisiones que a todos afectan. Tomando como eje el derecho a saber, el proyecto pretende fomentar el uso de las leyes de acceso a la información pública y exhibir los casos de corrupción.

Lilia Saúl Rodríguez. Periodista especializada en temas de Transparencia y Acceso a la Información.

Gabriela Morales. Investigadora especializada en temas de Transparencia y Acceso a la Información.

 
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