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El largo camino de la Ley General de Transparencia
10-abril-2015
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Por Leonor Gómez Barreiro

@nonobarreiro

Coordinadora en Coahuila de México Infórmate.

Las zancadas de los servidores públicos para tomar acciones contrarias al interés de los ciudadanos son tan grandes que nos arroyan. En contraste los pasos para salir del atolladero son tan lentos que suelen parecernos imperceptibles. El proceso de la Ley General de Transparencia es la clara evidencia de la imagen anterior.

Las primeras propuestas de ley se presentaron en el 2012. Fue hasta febrero del 2014 cuando se aprobó una reforma constitucional considerada de avanzada por los expertos en el tema. A finales del mismo año, la sociedad civil junto con el Senado desarrolló una iniciativa de Ley General que amplió considerablemente la protección del derecho al acceso a la información. Sin embargo, al Senado pareció no importarle las más de 350 horas que les llevó a las redes de la sociedad civil redactar el documento, y los excluyó de una serie de audiencias que realizaría posteriormente.

Luego de los posicionamientos mediáticos y acciones estratégicas por parte de la sociedad civil, el Senado aprobó el pasado 19 de marzo la nueva Ley General de Transparencia, que obliga a los tres poderes de la Unión, organismos descentralizados, partidos políticos y sindicatos a rendir cuentas de los recursos públicos y de los actos de autoridad que ejerzan.

Pero los especialistas en el tema advierten que el parto de una ley transformadora que impacte y genere alternativas a la compleja realidad del país será doloroso. Justine Dupuy, coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas del Centro de Análisis e Investigación Fundar, advierte en su columna del portal de noticias Sin Embargo “Estamos a medio camino de este proceso transformador que, en cada etapa, corre el riesgo de irse de reversa y avalar disposiciones retrogradas”.

La investigadora señala que se necesita de una regulación secundaria integral e innovadora, sin embargo “la minuta de la Ley de Transparencia llega a la Cámara de Diputados en un contexto electoral que podría obstaculizar o contaminar el proceso legislativo y retrasarlo aun más.” Por su parte el coordinador de la bancada priista, Manlio Fabio Beltrones, celebró los consensos alcanzados en el Senado de la República para aprobar la ley, mientras que el panista Ricardo Anaya llamó a los senadores a darle también prioridad al Sistema Nacional Anticorrupción. El mensaje de los líderes de bancada quedó claro, primero irán por los interés de partido y su agenda, luego sí es que les conviene a sus objetivos atenderán la demanda ciudadana. Pese a que ambos coinciden en que es necesario inhibir prácticas que fomentan la opacidad y la impunidad. Cada uno a su modo, habla de la urgencia por recuperar la confianza ciudadana. Sin duda este será el momento de probar sus dichos.

Ahora bien, cuando el marco normativo sea aprobado, se enfrentará la etapa de armonizar la Ley General con todas las leyes estatales. Cada entidad estará obligada a modificar el marco normativo. En Coahuila por ejemplo el dictamen de la nueva Ley General de Transparencia contraviene los avances alcanzados, en el caso específico de las declaraciones patrimoniales.

El dictamen de ley propone que el acceso a una versión pública de las declaraciones patrimoniales se permitirá sólo si el servidor público lo autoriza. De esta forma no podremos conocer la situación patrimonial de los servidores públicos y si corresponde con su nivel de ingresos. Tampoco podremos prevenir o detectar los conflictos de interés.

En Coahuila la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales establece que en su sección segunda sobre la información pública de oficio sujeta a publicación, en su Artículo 21 que las entidades públicas deberán mantener impresa para consulta directa y difundir, en su caso, a través de medios electrónicos la siguiente información: Versión pública de la declaración patrimonial de los servidores públicos, que contenga: nombre, cargo, tipo de declaración, sueldo y bienes inmuebles, ubicados en territorio nacional y extranjero.

En pocas palabras en Coahuila publicar las declaraciones patrimoniales es una obligación y no está sujeto a la decisión del servidor público.

La crisis de impunidad, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos por la que atraviesa el país demanda medidas urgentes. Sí, como ciudadanos estamos en el atolladero, y esto parece importarles muy poco a los que podrían arrojarnos una rama. Dan zancadas pero en sentido opuesto.

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Colectivo

México Infórmate es una iniciativa ciudadana que propone reducir la opacidad para combatir la corrupción e impunidad y promover la cultura de transparencia. Busca dar a los ciudadanos herramientas para poner al gobierno bajo la lupa y fiscalicen tanto el uso de recursos públicos, como la forma en que las autoridades toman las decisiones que a todos afectan. Tomando como eje el derecho a saber, el proyecto pretende fomentar el uso de las leyes de acceso a la información pública y exhibir los casos de corrupción.

Lilia Saúl Rodríguez. Periodista especializada en temas de Transparencia y Acceso a la Información.

Gabriela Morales. Investigadora especializada en temas de Transparencia y Acceso a la Información.

 
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