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La sociedad responde
24-marzo-2015
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El próximo jueves 26 de marzo, se cumplen seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. Nadie se puede imaginar por lo que han pasado los familiares de las víctimas durante este tiempo. Son seis meses de dolor, tristeza, angustia, enojo, desesperación, impotencia. La semana pasada algunos de ellos viajaron a la capital de Estados Unidos para participar en la audiencia temática “Desaparición forzada e Impunidad” frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el marco de este evento representantes de organizaciones de la sociedad civil y familiares de desaparecidos afirmaron que las desapariciones forzadas continúan en México en un contexto de impunidad casi total, lo cual ha hecho del país un “enorme cementerio”. Según cifras oficiales, al 31 de enero de 2015 existen 25,293 personas desaparecidas. En su defensa los representantes del gobierno de México contestaron que han demostrado voluntad política para buscar a los estudiantes y todas las víctimas de desaparición forzada y que han impulsado diversas medidas legales para prevenir y resolver casos de desaparición.

Los familiares de desaparecidos y las personas que trabajamos desde la sociedad civil, frente a este tema no sabemos si llorar de tristeza o gritar de enojo frente a tal cinismo por parte de los funcionarios. Sabemos que el Estado no sólo ha sido omiso en cuanto a su responsabilidad de prevención y solución de casos y en reconocer que en México no se ha erradicado la práctica de la desaparición forzada desde la Guerra Sucia, sino ha participado activamente en esta práctica. De hecho, el caso de Ayotzinapa evidenció cómo la impunidad ante las decenas de miles de desapariciones ha generado incentivos para que éstas se cometan de forma masiva, al amparo del poder estatal. Pero el colmo es el doble discurso del gobierno frente a este asunto. “En foros internacionales los funcionarios ponen cara de angustiados y hasta disculpas nos piden, cuando aquí nos tratan con la punta de pie,” cuentan familiares de desaparecidos.

En México, este jueves 26 de marzo, a seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes tiene lugar el foro “La sociedad responde: propuestas para enfrentar la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos”, una iniciativa organizada por un amplio frente de organizaciones, entre ellas Fundar, Centro de Análisis e Investigación. El objetivo es colocar una agenda civil de incidencia frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que incluya propuestas alternativas de reformas legislativas, rediseño institucional y acciones concretas con base en lecciones aprendidas y experiencias exitosas de otros países que han pasado por crisis similares.

Esta crisis que vive el país quedó evidenciada desde el año pasado a partir de tres sucesos: Tlatlaya, Ayotzinapa y el caso de la llamada “Casa Blanca”. Las graves violaciones a derechos humanos cometidas en ambos sucesos y la corrupción de alto nivel evidenciada por el caso aludido, se erigen hoy como los parámetros más adecuados para entender la realidad del país. Sobre el caso de Ayotzinapa y la práctica de la desaparición forzada ya indagamos. Tlatlaya, por su parte, demostró que los controles civiles sobre las fuerzas armadas son prácticamente inexistentes.

Pese a que la reforma al fuero militar de abril de 2014 contribuyó a que los castrenses fueran juzgados en la jurisdicción civil, la tibia actuación inicial del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México demostró que de poco sirve acotar el fuero castrense si las autoridades civiles se guían por la complicidad cuando deben investigar posibles violaciones a derechos humanos. La masacre militar ocurrida en el Estado de México demostró también cómo en la llamada “guerra contra el narcotráfico” el uso de la fuerza letal por agentes estatales se ha normalizado, incumpliendo frecuentemente los parámetros aceptados a nivel internacional y provocando miles de ejecuciones extrajudiciales. Las 22 personas privadas de la vida en Tlatlaya se suman a miles de mexicanos y mexicanas ejecutados por un uso innecesario de la fuerza letal.

El caso de la “Casa Blanca”, finalmente, puso en evidencia la persistencia de esquemas de corrupción y, en particular, de conflictos de interés, frente a los cuales la institucionalidad desarrollada en materia de transparencia y rendición de cuentas resulta insuficiente cuando se trata de esclarecer los casos emblemáticos y sancionar a los responsables al más alto nivel. La corrupción evidenciada en el caso de la “Casa Blanca”, donde quedó de relieve la posibilidad de que desde los más altos niveles del Ejecutivo Federal se hayan obtenido beneficios ilegales de particulares favorecidos con concesiones públicas, se suma a los miles de casos de conflicto de interés y corrupción que no son sancionados.

Hasta el momento las respuestas del gobierno han sido limitadas e insuficientes para atender los problemas estructurales que ponen en evidencia Tlatlaya, Ayotzinapa y el caso de la “Casa Blanca”. Por eso nos corresponde como sociedad exigir una agenda concreta y realista que impulse cambios profundos. La convocatoria civil amplia del foro de este jueves es un importante paso en este sentido. Súmate a #LaSociedadResponde

Simone Haf es coordinadora del área de Desarrollo Institucional en Fundar

@FundarMexico

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Fundar, Centro de Análisis e Investigación

En este espacio plural encontrarás la opinión de algunos investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre temas imprescindibles de la agenda nacional con la intención de avanzar hacia una democracia sustantiva.

NOTA: las fotografías mostradas no corresponden a los autores, se está trabajando para poner las que sí corresponden.

Oscar Arredondo Pico es abogado por la Universidad Intercontinental, ha trabajado, en el sector público tanto en el poder Ejecutivo como en el Judicial en Áreas relacionadas con la regulación jurídica y la comunicación social, respectivamente, en el sector privado se ha desempeñado como abogado independiente y consultor.

Mariana González Armijo estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana Puebla. Maestra en Ciencia de la Sustentabilidad por la Universidad de Lund en Suecia. Su investigación con dicha institución se enfocó a procesos de desarrollo y los vínculos entre la ayuda externa, el empoderamiento y la participación, a través de un estudio de caso en Honduras.

Simone Bettina Haf es licenciada y Maestra en Ciencias Regionales de América Latina y el Caribe de la Universidad de Colonia, Alemania. Tiene un Diplomado en Derechos Humanos y Participación de la Universidad Iberoamericana y actualmente cursa una Maestría en Liderazgo Organizacional en el Instituto Mexicano de Psicoterapia Gestalt. Trabajó seis años como periodista en un diario alemán y desde el 2004 desarrolla actividades profesionales en México, en ámbitos de comunicación, gestión de conocimiento y desarrollo institucional. Ha colaborado con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Fundación Friedrich Ebert en temas de Transparencia y Acceso a la Información, Derechos Humanos, Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva

Liliana Ruiz Ortega es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, realizó la Maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago (2005-2007). Ha sido asesora tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, especializada en temas económicos, evaluación de programas, y análisis presupuestal. Trabajó en el Banco Mundial, sede en Washington DC como consultora en el Independent Evaluation Group, donde colaboró en la realización de diversas evaluaciones en países como Jamaica, Camerún y Nigeria, así como en la Evaluación del Plan de Acción en Africa.

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