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El derecho a saber de delitos de lesa humanidad
03-abril-2013
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Por Lilia Saúl Rodríguez*

Apenas este martes la organización Article 19 lanzó un comunicado para mostrar lo indignado que está por la actuación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en cuanto a la defensa que debiera hacer este órgano garante en torno a una solicitud de información que hiciera la misma organización para conocer la averiguación previa del caso San Fernando, donde fueron asesinadas 72 personas.

Todo había estado a favor de la organización y en general de derecho a saber cuando se piden averiguaciones previas relacionadas con delitos de lesa humanidad o de violaciones graves a derechos humanos.

En febrero de este año, Article 19 obtuvo un fallo positivo por el Sexto Juzgado de Distrito que exigió al IFAI pronunciarse sobre la procedencia de la excepción de reserva prevista en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aplicando los criterios de la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La organización pide una versión pública de la averiguación previa de la masacre de migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas.

La solicitud se presentó ante la PGR desde diciembre de 2011 y ya en este 2013 sigue sin entregarse la información. El camino puede resumirse así: Se niega la PGR, el IFAI resuelve que sí se debe entregar, se presentan amparos, un Juez determina que sí se entregue la información pero siempre y cuando se argumente y cuando le toca de nuevo al IFAI…éste impugna su propia argumentación.

Así lo explica la misma organización: “La resolución de esta autoridad judicial ha sido impugnada a través de dos recursos de revisión, uno del IFAI, supuesto garante del Derecho a la Información, y el otro de la PGR.

Coincidentemente ambas instituciones alegan lo mismo. El recurso de revisión interpuesto por el IFAI en el cual se alega que la Juez de Distrito es incongruente, es el reflejo de la decadencia, la falta de especialidad y el rechazo al compromiso con el derecho a la información de este órgano garante”.

Y mientras se descubre quién debe responder eficazmente, Article 19 no obtiene la información.

El punto medular es que el IFAI debe esclarecer ante el Juez porqué la masacre de San Fernando debe ser reconocida como un caso de violaciones graves a los derechos humanos y en consecuencia, entra dentro de la excepción de reserva y así entregar la documentación solicitada.

Lamentablemente no es la primera vez que se niega entregar este tipo de documentación relacionada con violaciones graves de derechos humanos. Desde que existe la Ley Federal de Transparencia hay un largo camino que tuvieron que recorrer solicitudes relacionadas con averiguaciones previas y que fueron negadas de manera reitera por la PGR.

El caso más emblemático quizá sea el de Rosendo Radilla, pues ni aún la misma familia podía obtener copia de la averiguación previa.

También estuvo el caso del Campo Algodonero, el cual fue negado en su momento por los órganos locales de Chihuahua. Sin embargo, ahora el IFAI pareciera que por un argumento legaloide está dejando de lado su responsabilidad de argumentar y facilitar en este proceso el mecanismo para que los ciudadanos y las organizaciones obtengan esta información.

“Su actuación, como órgano administrativo con facultades jurisdiccionales debe ceñirse a la garantía última de los derechos fundamentales y los principios de la transparencia y el acceso a la información, como el de máxima publicidad y no a intentar, a través de recursos jurídicos, la no aplicación de las excepciones contempladas en la ley”, se lee en el comunicado de Article 19. “Article 19 confía en que la determinación del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito (TCC) en Materia Administrativa en el que se encuentra radicado el recurso de revisión 105/2013 se apegue a derecho, sin que medie ningún tinte político en su resolución final.

“Estamos seguros que ese TCC considerará los avances que en derecho se han logrado para garantizar el derecho a la información como los criterios de la Suprema Corte de Justicia para interpretar el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, concluye Article 19 en su comunicado.

Para saber más del asunto, pueden leer una nota publicada en días pasados en este diario, http://www.eluniversal.com.mx/notas/905271.html o encontrar la historia completa desde que se solicitó la información en los archivos de Article 19, aquí: http://articulo19.org/acceso-a-informacion-relacionada-con-violaciones-graves-a-derechos-humanos/

*Coordinación México Infórmate

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México Infórmate es una iniciativa ciudadana que propone reducir la opacidad para combatir la corrupción e impunidad y promover la cultura de transparencia. Busca dar a los ciudadanos herramientas para poner al gobierno bajo la lupa y fiscalicen tanto el uso de recursos públicos, como la forma en que las autoridades toman las decisiones que a todos afectan. Tomando como eje el derecho a saber, el proyecto pretende fomentar el uso de las leyes de acceso a la información pública y exhibir los casos de corrupción.

Kate Doyle. Investigadora senior del National Security Archive, organización no gubernamental con sede en la Universidad de George Washington. Doyle es experta en análisis de documentos desclasificados de Estados Unidos. Inició el Proyecto México Infórmate.

Emilene Martínez. Investigadora del National Security Archive.

Lilia Saúl Rodríguez. Periodista especializada en temas de Transparencia y Acceso a la Información.

 
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