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Tres historias, tres tragedias
13-junio-2012
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Por Lilia Saúl Rodríguez

lilia.saul@mexicoinformate.org

A diez años de haberse aprobado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los mexicanos no hemos logrado hacer nuestra dicha ley ni tampoco ejercer por completo el derecho de manera definitiva.

Las estadísticas hablan por sí solas: En diez años, no hay ni 2 millones de solicitudes de acceso a la información (a pesar de que somos más de 100 millones de mexicanos) y el gobierno federal no ha logrado permear entre los suyos la idea de que entregar documentación es una obligación, no una concesión.

Estamos a más de diez años y aunque parezca una mala broma, quizá la entrega de la documentación que antes se hacía en su totalidad o con cierta ignorancia por parte de los servidores públicos --que quizá entregaban información "de más"-- hoy dan menos información, a cuenta gotas, tardía, de mala calidad o incluso, a pesar de la evidencia, la niegan.

Antes, los funcionarios esperaban 20 días para entregar la información. Ahora, no sólo se esperan a los 40 días hábiles. Incluso después de ese plazo, niegan los datos, el ciudadano recurre al IFAI y hasta entonces deciden entregar la información. Para entonces habrán pasado ya más de seis meses.

Las historias que les quiero contar son las de hombres como Jesús Piña Fraga, quien es un jubilado y vive en San Luis Potosí.

Don Jesús solicitó información por primera vez a una dependencia estatal en el año 2002, unos meses antes de la entrada en vigor de la primera Ley de Transparencia que hubo en el Estado.

Tras nueve años de ser solicitante frecuente, ahora, Piña Fraga fue víctima de una resolución de la actual Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

Fundó la Unión de Usuarios de Leyes de Transparencia y logró captar la atención del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación a la situación de las cuotas de padres de familia en las escuelas del país, según consta en el portal Proyecto Tábano, dedicado a temas de transparencia.

En los últimos 18 meses, Piña Fraga no ha tenido respuesta de varios casos que ha solicitado. Esto se debe a una resolución que extrañamente tenía una dedicatoria personalizada en contra del solicitante "frecuente".

El 5 de abril, exactamente al tercer día hábil después de la presentación del escrito de Piña Fraga, los comisionados de la CEGAIP realizaron una sesión extraordinaria en la que tomaron el acuerdo que dice: “Se acuerda por Unanimidad que al haber manifestado Jesús Federico Piña Fraga su decisión de desistirse de todas y cada una de los recursos de Queja por él interpuestos, con fundamento en el artículo 104 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán sobreseerse todos los asuntos que se encuentren en trámite hasta antes de haber emitido resolución por parte del Pleno de esta Comisión”.

La CEGAIP se liberó no sólo de los casos que aún se encontraban en proceso de resolución, sino de todos aquellos en los que ya se había pronunciado y los entes obligados debían dar atención a su resolución los ha declarado concluidos.

Pero hay más. Tenemos el caso de la Unidad de Enlace de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que se encuentra acéfala debido a que hace unos meses, el IFAI ordenó la entrega de los recibos de pago del líder petrolero Carlos Romero Deschamps así como el de otros de su gremio.

Aunque Deschamps se amparó contra la resolución del órgano garante, un juez ordenó el cumplimiento de la sentencia del IFAI por lo que dio pie a que sí se entregara la documental que desde 2009 se había solicitado.

“Por entregar los recibos la despidieron”, nos comentó un funcionario del IFAI que supo del caso de la funcionaria que se "atrevió" a entregar la información, con lo cual no sólo se suma al hostigamiento que puede darse en contra de un mexicano que pide datos e información, pues también los funcionarios públicos son, en ocasiones, víctimas del propio sistema.

Y un último caso que no quiero dejar de exponer es el de Pavel García García, quien se desempeñó en el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca. Pavel fue despedido por presentar una solicitud de información ante el órgano electoral para conocer los salarios de los magistrados.

Ante la solicitud de información, se le cuestionó de inmediato el porqué realizaba dicha petición y además le "sembraron" otra solicitud de información que él asegura no haber hecho. Fue despedido de inmediato argumentando que había solicitado información delicada.

Aunque García García se inconformó ante las autoridades, su caso fue juzgado por el mismo órgano que él acusaba de imparcial por haberlo despedido de manera injusta. Hasta la fecha, el caso de Pavel García sigue pendiente de resolverse, pues éste acudirá a instancias internacionales para que lo restituyan en su empleo y evitar que sigan despidiendo por preguntar.

A pesar de estas tres estampas, los mexicanos no debemos desistir en ejercer nuestro derecho a saber, pues precisamente eso es lo que quieren los funcionarios, pero pueden más una cascada de solicitudes y resoluciones que un grupo de funcionarios que creen que los documentos les pertenecen. Y no es así. ¡Ejerzan su derecho!

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México Infórmate es una iniciativa ciudadana que propone reducir la opacidad para combatir la corrupción e impunidad y promover la cultura de transparencia. Busca dar a los ciudadanos herramientas para poner al gobierno bajo la lupa y fiscalicen tanto el uso de recursos públicos, como la forma en que las autoridades toman las decisiones que a todos afectan. Tomando como eje el derecho a saber, el proyecto pretende fomentar el uso de las leyes de acceso a la información pública y exhibir los casos de corrupción.

Kate Doyle. Investigadora senior del National Security Archive, organización no gubernamental con sede en la Universidad de George Washington. Doyle es experta en análisis de documentos desclasificados de Estados Unidos. Inició el Proyecto México Infórmate.

Emilene Martínez. Investigadora del National Security Archive.

Lilia Saúl Rodríguez. Periodista especializada en temas de Transparencia y Acceso a la Información.

 
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