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A seis años, Pasta de Conchos sigue aguardando justicia y reparación
21-febrero-2012
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El pasado viernes 17 de febrero fue presentado el ya tradicional Informe sobre la evolución del caso Pasta de Conchos. En él se documenta que, a seis años del siniestro de Pasta de Conchos, persiste la impunidad: la justicia mexicana no ha sido capaz de castigar a los responsables, por lo que sigue en curso la petición iniciada el 16 de febrero de 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este sentido, tanto los familiares de las víctimas como la Organización Familia Pasta de Conchos, el CEREAL y el Centro Prodh, tienen la expectativa de que el caso sea admitido prontamente y se inicie el proceso que establezca la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a los derechos humanos de los mineros y sus familias.

El VI Informe Siglo XXI, Martirio en las minas de carbón, de la Organización Familia Pasta de Conchos, editado por el CEREAL, detalla que, ante la CIDH, el Estado mexicano sigue argumentando que no hubo violaciones a los derechos humanos y que la justicia ha actuado. De la misma forma, evade el hecho de que luego de 72 meses aún permanecen en la mina los restos de 63 mineros y que, tras seis años de sufrimiento ininterrumpido para sus familias, no han implementado medidas eficaces para que no se repitan los hechos. De la misma manera, los alegatos del Estado ante la CIDH recalcan que ha sido mucho el dinero que Minera México de Grupo México ha dado a las víctimas, y sigue con el mismo argumento de que el rescate es menos que imposible.

El Informe da cuenta de otras gestiones. Por ejemplo, relata la participación que se tuvo el 8 de junio del año 2011 en Ginebra, Suiza, durante la 100ª reunión de la CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, para el SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ TRIPARTITO sobre el caso Pasta de Conchos y la minería del carbón en Coahuila, en referencia al Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los trabajadores. El gobierno mexicano, representado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social compareció y debió contestar detalladamente cuando menos 23 interrogantes planteados por la OIT desde junio del año 2010; sin embargo, sólo contestó nueve de las 23.

Finalmente, en su comunicado la Organización Familia Pasta de Conchos recuerda que durante todo el 2011 insistió en la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas relacionadas con la minería del carbón. Así se planteó durante la comparecencia del 31 de mayo pasado, ante los Secretarios de Estado Javier Lozano y Bruno Ferrari. Para esa fecha, 26 mineros del carbón habían fallecido (20 en pocitos de carbón y 17 no tenían registro en el IMSS) y se les había amputado un brazo a Jesús Fernando Lara, menor de edad de 14 años y a Juan Antonio Martínez, joven de 19 años (Sección I: De nueva cuenta un siniestro mayor). El operativo conjunto que prometieron ambos secretarios del gobierno federal a realizarse en 100 días, resultó, por decir lo menos, insuficiente y descoordinado.

Sólo algunos datos más: se giraron 85 órdenes de inspección sobre seguridad e higiene, pero sólo 48 se desahogaron. De las 37 restantes, ocho no se realizaron por negativa patronal; en cinco centros de trabajo simularon no estar en operaciones y una empresa desacató la orden de no laborar hasta que restableciera las condiciones y se identificaron empresas que tienen contratos con CFE por miles de toneladas de carbón, pero que “no tienen trabajadores”.

De los 72 pocitos inspeccionados, ninguno tenía salida de emergencia de acuerdo a la NOM-032-STPS-2008; sin embargo, sólo se restringió el acceso en 29. Los 72 están en operación. De ellos, en catorce fallecieron trabajadores (19%); en cuatro, trabajadores han sido amputados o quedado incapacitados permanentemente (5%), y en once se localizó trabajo infantil (15%). Es la hora en que los casos de los Pocitos Ferber, Boker y Vertical 4, Minas Lulú y San Juan, siguen esperando justa solución más ya no expedita.

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Centro Prodh

En el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) nos dedicamos a la defensa y promoción de los derechos humanos. Nuestra trayectoria se caracteriza por haber estado presentes en momentos decisivos para el impulso a algunos cambios que permitieron avanzar hacia la protección de estos derechos, especialmente en favor de los sectores más excluidos de la sociedad.

Al asumir la defensa jurídica en casos de violaciones a derechos humanos buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Hacer estos cambios y mejorar los procesos institucionales es la razón de ser del Estado. Nosotros hacemos uso de herramientas jurídicas, educativas y de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional para favorecer procesos en favor de la progresividad de los derechos para todas las personas.

Nos dedicamos a una tarea difícil porque implica enfrentarnos a diversos intereses o luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Sin embargo nos anima la esperanza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no solo en su propia vida sino en la de todas las personas.

Parafraseando al poeta Miguel Hernández creemos que los derechos humanos son ese rayo que ni cesa ni se agota: de sí mismo toma su procedencia para luchar por la dignidad de todas las personas.

 
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