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Mandan la Ley de Transparencia a la congeladora
24-marzo-2011
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El 28 de abril del año pasado, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) a partir de la revisión y negociación de dos iniciativas distintas. Dicha propuesta de reforma fue enviada a la Cámara de Diputados y turnada a las comisiones de Gobernación, Justicia y Función Pública para su dictaminación. A partir de esa fecha, la Minuta permaneció en estas comisiones sin discutirse. Al día de hoy, existen acuerdos sobre esta reforma pero también se está enfrentando con una lucha férrea por mantener la opacidad.

Pareciera que los legisladores olvidaron que el plazo para modificar la LFTAIPG de acuerdo con la reforma al artículo 6º constitucional se había cumplido el 20 de julio de 2008. Es decir, hoy llevamos más de dos años y medio esperando que el poder Legislativo cumpla con su obligación legal de reformar la Ley para establecer el piso mínimo que garantice el pleno ejercicio del Derecho de Acceso a la Información (DAI).

En todo este tiempo, la Comisión de Gobernación, por encima de las comisiones de Justicia y de Función Pública, es quien ha llevado el liderazgo en el proceso. Vale la pena mencionar que el dictamen que se aprobó (en lo general) el pasado 1° de marzo, no es la misma reforma que en su momento fue aprobada por el Senado. Desde la Sociedad Civil, logramos detener múltiples retrocesos en materia de transparencia que incluía la propuesta del Senado y que este dictamen ya no contiene. Por ejemplo, el que el IFAI podía calificar los recursos de revisión de frívolos y daba a las dependencias la posibilidad de no contestar solicitudes si les generaban cargas excesivas de trabajo, entre otras oportunidades para la opacidad.

Así, después de más de dos años y medio de retraso legislativo, se llevó cabo la votación del dictamen en la Comisión de Gobernación pero desafortunadamente algunos legisladores pidieron que se reservaran cuatro artículos fundamentales que (de no aprobarse) vulnerarían el Derecho de Acceso a la Información: la transparencia de los fideicomisos públicos y de las operaciones bancarias o fiscales que involucren recursos públicos (artículo 58 Bis); el proceso de acceso a la información expedito y los “dientes” del IFAI para garantizar el acceso a la información (artículo 59); y la generación de documentos que obligatoriamente deben tener las autoridades derivadas del ejercicio de sus facultades (artículo 46 y 55 Bis).

No conformes con reservar estos artículos, el día de ayer la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aceptó incluir a la Comisión de Hacienda en la discusión de la reforma argumentando que la reforma está tocando temas relativos a dicha comisión, como fideicomisos públicos y el secreto fiduciario, bancario y fiscal.

Desde nuestro punto de vista, esta decisión es sólo un nuevo pretexto para seguir retrasando la aprobación de las modificaciones a la LFTAIPG y para hacer más difícil la posibilidad de llegar a un acuerdo; en pocas palabras, lo que se están haciendo es mandar la reforma la congeladora. De lo contrario, ¿por qué no se turnó la iniciativa a la Comisión de Hacienda desde el momento en que llegó a la Cámara de Diputados y se hace justo ahora cuando estaba por lograrse el consenso para aprobarla?

Es ampliamente conocido que la Secretaria de Hacienda ha llevado a cabo un fuerte cabildeo al interior de la Cámara de Diputados para que no se apruebe esta reforma y que el grupo parlamentario del PAN es la fracción que está deteniendo el proceso. La pregunta obligada es ¿por qué hay tanta resistencia en aprobarla? Hay diferentes posibles respuestas pero pongo dos sobre la mesa.

La primera, es que no quieren transparentar la información relativa a la cancelación de créditos fiscales y a los fideicomisos públicos. Hasta el momento no hemos dicho que están cancelaciones sean adecuadas o no, lo que argumentamos es que tenemos derecho a conocer los nombres de las personas físicas y morales, las fechas y los criterios a partir de los cuales se hicieron estas cancelaciones que suman más de $73,000 millones de pesos.

La segunda, es que siguen empecinados en que el IFAI no sea la última instancia en materia de transparencia, y quieren someter sus decisiones a la posibilidad de revisión por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). Recordemos que dependencias como la PGR, PEMEX y SAT han acudido ante este tribunal para buscar la reserva de información de interés público como son las averiguaciones previas concluidas contra diversos funcionarios públicos y la cancelación de créditos fiscales.

En este contexto tan adverso para la transparencia, desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación, exhortamos a los actores políticos que están a favor de la opacidad a que dejen de prolongar el proceso y que cumplan con su obligación de llevar a cabo la reforma.

Es primordial que se reforme la LFTAIPG para que se fortalezca el diseño institucional, se flexibilicen los requisitos de acceso a la información y se limiten las restricciones al Derecho de Acceso a la Información. Lograr estas modificaciones es indispensable para respetar el contenido del artículo 6º constitucional, y la posibilidad de hacerlo está al alcance de los legisladores. Mantener este rezago jurídico no sólo perpetuaría el incumplimiento a la Constitución, sino que limitaría la posibilidad real de que las y los mexicanos conozcamos información relevante para conocer lo que hace nuestro gobierno.

Haydeé Pérez Garrido es Coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas

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Acerca del autor
 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación

En este espacio plural encontrarás la opinión de algunos investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre temas imprescindibles de la agenda nacional (participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, Estado de derecho, igualdad sustantiva y derechos humanos) con la intención de avanzar hacia una democracia sustantiva.

Cécile Lachenal es doctora en Derecho Público por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de la Sorbona Nueva (París). Actualmente se desempeña como coordinadora académica y colabora como investigadora en el proyecto de acceso a la justicia de pueblos indígenas.

Daniela Ramírez estudió la maestría en Ciencia Política en El Colegio de México. Actualmente colabora en el área de Fortalecimiento de Capacidades Ciudadanas.

Mariana Pérez es investigadora en el Área de Presupuestos y Políticas Públicas donde ha desarrollado proyectos relacionados con la transparencia y rendición de cuentas presupuestaria, el derecho a la salud, VIH-SIDA y monitoreo al Seguro Popular.

Miguel Moguel es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es actualmente coordinador e investigador del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana.

Haydeé Pérez es coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas y forma parte del Proyecto de Monitoreo y Vínculo con el Poder Legislativo.

www.fundar.org.mx

 
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