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Derechos y justicia para los pueblos indígenas en México
22-julio-2010
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Rachel Sieder (CIESAS)*

El papel que juegan los instrumentos internacionales y nacionales de derechos colectivos de los pueblos indígenas, y el impacto que han generado los discursos en torno a estos temas, son puntos de análisis y reflexión clave para los países latinoamericanos y, particularmente, para México.

En los últimos veinte años, los pueblos indígenas han logrado avances significativos a nivel normativo, en virtud que sus derechos colectivos ya forman parte de los derechos humanos internacionales, y han logrado su máxima codificación en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en septiembre 2007.

Estos avances son muy importantes para América Latina, donde se han impulsado cambios en las Constituciones, leyes secundarias y políticas públicas que tratan de responder a las demandas de los pueblos indígenas para el reconocimiento y respeto de sus derechos. Además, existe una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cada vez más avala y extiende sus derechos colectivos.

Sin embargo, si analizamos la situación actual de varios de los países latinoamericanos y, particularmente, de México, resulta claro que los derechos de los pueblos indígenas están lejos de ser respetados en la práctica, y que cada día hay nuevas amenazas y agresiones contra ellos. En este sentido, la noción de los derechos indígenas ha jugado un papel importante en la movilización social y política de algunos sectores para lograr cambios en las políticas públicas y la sociedad en su conjunto. Aunque, de manera particular en México, los movimientos sociales no han recurrido con frecuencia al derecho como un campo de lucha, en comparación con países como Colombia o Argentina; más bien lo que ha prevalecido es la presión y la negociación política.

Esta baja incidencia en el uso estratégico del derecho mediante litigio de interés público se ha debido a varios factores: en primer lugar, a la ausencia histórica de un poder judicial independiente; en segundo, a la falta de una “revolución Constitucional” en la década de los noventa, que galvanizara un movimiento para hacer valer los nuevos derechos de la Constitución, ya que en los últimos veinte años, lo que ha ocurrido en México es el desmantelamiento de los derechos sociales históricamente ganados; en tercer lugar, a la ausencia de derechos sociales claramente justiciables, a pesar de las reformas Constitucionales de 2001; en cuarto lugar, a las barreras técnicas de acceso para hacer justiciable una violación de derechos fundamentales, y finalmente, a la relativa baja presencia de redes de actores trabajando en pro de la movilización legal.

Las reformas multiculturales del sexenio del presidente Vicente Fox no llenaron las expectativas del movimiento indígena, y nos encontramos ahora frente a niveles de violencia social e impunidad inéditos y escalofriantes que implican graves violaciones a los derechos humanos de todos los ciudadanos y, especialmente, de los pueblos indígenas, quienes figuran entre los sectores más vulnerables y desprotegidos de toda la población. Incluso, las nuevas reformas en el campo de la seguridad pública han sido utilizadas para reprimir y criminalizar a los movimientos sociales, particularmente los de carácter indígena. ¿Qué valor tienen entonces los derechos y el derecho para las luchas de los pueblos indígenas en este contexto? Sin duda, la existencia de normas a nivel internacional y regional es un elemento importante para la movilización social y política, pero ¿cómo traducir estas normas en práctica en el contexto actual?

No podemos negar que existe una gran creatividad de los actores sociales indígenas en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que los aquejan, tal como ocurre en países como Bolivia y Ecuador, donde ahora las etnias utilizan algunos medios de comunicación, como espacios clave para la revitalización y fortalecimiento de sus pueblos con base en su territorialidad, sistemas de gobierno y su propia noción de derecho.

Un genuino reconocimiento a la autonomía indígena por parte del Estado mexicano pudiera ser un paso importante en la construcción de un Estado de derecho plural que refleje la diversidad y los derechos de todos los mexicanos. No es un proceso fácil, pero apunta a la conformación de nuevos Estados que cuestionen el legado del colonialismo y racismo que marca la pauta de la realidad de la mayoría de los estados latinoamericanos.

El derecho es una expresión de poder: no es una panacea, sin embargo, la lucha por los derechos –y su idea misma- ha generado cambios radicales.  Al recurrir a la esfera legal, o al mundo de las ideas legales, los pueblos indígenas organizados han ganado espacios importantes y victorias reales. Los derechos humanos son ideas utópicas, pero al ponerlas en práctica las organizaciones indígenas, reivindican las identidades culturales y políticas de las etnias, además de abrir un diálogo con la sociedad nacional sobre cómo llegar a ser una nación más plural y justa para todos.

* La Dra. Rachel Henriette Sieder es profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Sede Distrito Federal, así como Associated Senior Researcher del Chr. Michaelsen Institute (CMI).

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Para más información de las actividades que desarrolla el Sistema de Centros Públicos de Investigación Conacyt, consulte las páginas México CyT y Gaceta CyT México.

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Este es un blog del Sistema de Centros Públicos de Investigación Conacyt que tiene el objetivo de dar información relevante de ciencias sociales, ciencias naturales y tecnología; el conocimiento científico y tecnológico creado busca contribuir a la solución de problemas de prioridad nacional que incremente la competividad del país e impulsar el bienestar de la sociedad mexicana. Se publicará cada jueves.

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