La escena resulta difícil de imaginar: sentados en el municipio de Ajuchitlán, Guerrero, de un lado, Omar Guerrero Solís, el “comandante Ramiro” del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y del otro, Cayetano Alvarado , el “cuche blanco”, principal operador del trasiego de droga en la región de Tierrra Caliente, al servicio del cártel de los Beltrán Leyva.
De pronto “el cuche” se levanta y dice “así se tira con el cuerno de chivo” y le suelta una ráfaga de balas al líder guerrillero. Después, éste es sepultado en una vivienda de la comunidad de Palos Grandes, en el municipio de Ajuchitán del Progreso, Guerrero.
Alguien avisa a las autoridades el lugar de la clandestina inhumación y dos mujeres, Sabina Alvarado Palacios –hermana de “el cuche”- y Felipa Santana Rodríguez, relatan su versión de los hechos y piden el cadáver para darle sepultura oficial. A su vez, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) también solicita el cuerpo de “Ramiro”, para rendirle homenaje como luchador social.
Estamos acostumbrados a considerar como riesgos de la seguridad nacional a los movimientos sociales, tanto armados como pacífico-radicales, al crimen organizado o al narcotráfico, y perdemos de vista los problemas de salud o climáticos, como potenciales focos rojos de la estabilidad social y política de las naciones.
Fenómenos como el incremento de la temperatura, escasez de agua, tormentas, huracanes, aumento del nivel del mar, parecen abstractos y lejanos, sin embargo son ya motivo de tensiones sociales y problemas de gobernabilidad en el mundo. Principalmente en las zonas menos desarrolladas del planeta.
Ayer, el Instituto Real de Servicios Unidos, con sede en Londres, presentó en México el informe “Impactos relacionados con el clima en la seguridad nacional en México y Centroamérica”, que fue elaborado por Shiloh Fetzek, donde se hace una prospectiva hacia los próximos 20 años, que concluye en una llamado de atención muy serio a los países de la región, porque el deterioro climático va en ascenso y con ello los riesgos de graves estallidos sociales por la carencia de recursos básicos.
Sí. Suena atractiva la propuesta del alcalde de san Pedro Garza García, de Nuevo León, Mauricio Fernández, de armar “equipos de limpieza, de trabajo rudo”, para eliminar criminales, giros negros y tienditas en su jurisdicción. Sean o no constitucionales, estén o no fuera de sus atribuciones.
Es más, ya puso en acción a su mini ejército particular y asesinó al secuestrador Héctor Saldaña, apodado El Negro, en la ciudad de México.
Hay que recordar también otra iniciativa similar, conocida el 14 de enero de este año, en la que un autodenominado Comando Justiciero por Juárez, se proponía acabar con la vida de un criminal cada 24 horas.
Esta pregunta fue la que tratamos de respondernos Laura Castellanos y yo, y lo que nos llevó a investigar más para elaborar el reportaje sobre los Eco Anarquistas que aparece en el número de noviembre de la revista Gatopardo.
Desde octubre de 2008 se documentaron en este blog ataques con petardos y latas de gas butano a sucursales bancarias y comercios en el Distrito Federal, el Estado de México y Guadalajara. ¿Guerrilleros atacando McDonald’s y KFC?
De acuerdo a singulares comunicados colgados en algunas páginas de internet supimos que quienes reivindicaban dichas acciones eran grupos de anarquistas de tendencia insurreccionalista, partidarios de la acción directa, con demandas a favor de los animales, en contra del avance tecno-industrial capitalista y opositores a la construcción de espacios de opresión, como las cárceles. Nada con lo que estuviéramos familiarizados hasta entonces.
Los ex dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Jacobo Silva Nogales y su esposa, Gloria Arenas Agis, recuperaron su libertad la semana pasada, tras diez años de prisión y un tortuoso proceso legal. Al salir dijeron no estar arrepentidos de nada y anunciaron su incorporación al movimiento social pacífico, aun cuando su corazón, dijeron, seguirá con los guerrilleros, pues consideran válidas todas las formas de lucha.
“No por temor de perder de nuevo la libertad dejaremos de ejercerla para cambiar lo que nos parece injusto en el país; aunque ahora ya no lo haremos con las armas sino con las ideas y la razón”.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) dieron a conocer su órgano de difusión “Verde Olivo”, número 19, correspondiente al mes de octubre, en el que -al igual que el EPR-, enumera la tensión social vivida en México durante los últimos meses en el país, sobre todo tras la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, pero no se muestran particularmente entusiasmados con la posibiliad de un inminente estalido social.
Perciben un clima de fascistización acelerada de la realidad nacional y ven en el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas el siguiente paso de una ofensiva de la derecha, que ya logró dividir a la izquierda electoral de la radical y a un movimiento obrero solidario pero desarticulado.
Reconocen el clima de inquietud social y una posibilidad de alzamiento: “la serie de condiciones sociales, políticas y económicas que presenta la realidad en la actualidad; ponen de relieve la gran posibilidad de que surja un movimiento social de alcances nacionales. (…). De repente, aparentemente como por encanto, surge la concatenación de todas; la lucha sindical, la parlamentaria, la armada, la de masas, la electoral y muchas más. Pero no es por encanto, las leyes dialécticas establecen que, a partir de condiciones objetivas y fuera de todo desarrollo mecanicista, la historia de los pueblos se desenvuelve (…).
Ya lo habíamos preguntado antes: ¿a quién conviene la violencia en Chiapas? El Comité Cerezo nos envía una Acción Urgente que viene de aquella entidad. El domingo pasado, a las cuatro de la tarde, aproximadamente 40 camiones del ejército federal, policía sectorial de Chiapas, AFI y policía especializada, uniformados con casco negro y pasamontañas y fuertemente armados, ingresaron de manera arbitraria en la comunidad Predio 28 de junio, en aquella entidad, buscando narcotraficantes y “polleros”.
Desde las 10:30 de la mañana de ese día dos helicópteros con las siglas de la Procuraduría General de la República (PGR) sobrevolaron muy bajo las poblaciones de miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata–Región Carranza, entre ellas la comunidad 28 de Junio y Laguna Verde.
Según denuncias de pobladores de dicho asentamiento, los militares y policías están irrumpiendo ilegalmente en los domicilios particulares, donde de manera violenta golpean a las mujeres y niños que ahí se encuentran, así mismo las insultan, entre ellos están algunos familiares de los detenidos Roselio Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, miembros de la organización OCEZ-RVC, quienes fueron torturados física y psicológicamente durante su ilegal captura.
Se la han pasado ganando amparos, pero ni por eso salen libres. Gloria Arenas Agis y Jacobo Silva Nogales, fundadores del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), recibieron apenas hace unos días un amparo de la justicia federal en contra del incumplimiento de la sentencia que los dejaba en libertad, después de 10 años de estar presos.
El 23 de septiembre pasado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en favor del matrimonio la inconformidad presentada contra el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del vigésimo primer circuito, que en febrero de 2008 les quitó los delitos de Homicidio, pero les reclasificó los de Rebelión.
En aquella ocasión, los magistrados aumentaron de manera arbitraria la condena que tenían por el delito de Rebelión a 14 años y 2 meses, para mantenerlos presos. Esto llevó a Jacobo a interponer un nuevo amparo –el que ahora se ha ganado- con el argumento que el Tribunal Unitario se excedió en sus atribuciones y en los hechos los juzgó dos veces por un mismo delito.
Contra lo que pudiera imaginarse, el Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario dice no ver que la cosa esté socialmente madura para un estallido social, aun cuando las condiciones económicas y políticas del país parecieran indicar lo contrario. O no cuando menos un estallido social que tenga posibilidades de triunfar.
En su edición 121, correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2009, el órgano de difusión El Insurgente presenta un artículo titulado “El estallido social como chantaje político”, en el que el grupo dice que ve que aun cuando están dadas las condiciones objetivas (pobreza, conflictividad social, indignación ciudadana, represión, autoritarismo) y subjetivas (la existencia de un movimiento revolucionario), este segundo punto no está suficientemente consolidado.
Comienza rechazando los que le parecen usos chantajistas y abusivos de la amenaza de un “inminente estallido social”; tanto de quienes lo minimizan y niegan, como de quienes desde la izquierda electoral prometen que, con ellos en el poder, se conjuraría.
A ver. La abundancia de videocámaras en las ciudades ¿ayuda a prevenir los delitos, o es una invasión a la intimidad de los ciudadanos? Con el “Big Brother” urbano te sientes ¿más seguro o más vulnerable?
Esto viene a cuento por una información que publicó la semana pasada el diario El Mundo, de España, en el sentido de que en Gran Bretaña una compañía llamada 'Internet Eyes' ofrece a sus clientes la posibilidad de alquilar videocámaras de seguridad conectadas a una red de vigilancia citadina, a un precio de 20 libras por cámara a la semana.
Por otro lado, ofrece a cualquier internauta la posibilidad de ser un vigilante desde casa, a quienes se compromete a gratificar por cada delito denunciado o evitado.
Es tiempo de analizar los movimientos armados en México y la seguridad nacional desde una perspectiva que trascienda el sensacionalismo, el sectarismo partidista o las páginas de policía. Este blog pretende hacer aportes para tal debate.
Depende, no sólo de su autor sino de quienes lo retroalimenten. Aquí plantearé temas, lo demás ya será resultado de las participaciones que todos tengamos martes y jueves.
Alejandro Jiménez ha sido periodista de EL UNIVERSAL desde hace ya casi dos décadas, en áreas tan variadas como Opinión (siendo editorialista político de la casa), el Centro de Documentación y aun en Turismo, donde también editó y opinó.
Se metió a esto del estudio de las guerrillas durante la investigación para la colección de tres tomos “Los Movimientos Armados en México” (1994), de la que surgió a su vez el proyecto del libro “México Armado” (2007).
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