Es común que a los académicos y periodistas que escriben del tema de los grupos armados se les suela o chotear (“ahí andan tus amigos del EPR”) o acusar (“escribir de guerrilleros es hacer apología de la violencia”). La última vez que escuché la especie fue en una entrevista que le hicieron a Héctor Aguilar Camín, a quien le parece que dicho fenómeno no debe ser analizado, estudiado, entendido, sino simplemente ser mandado a la nota roja, donde los protagonistas son los criminales.
Hace poco me contaron que en una redacción se volvió a escuchar el argumento: “Es que si publicamos un análisis de tal grupo, parecería que los estamos apoyando…” y fin del artículo que no llegó a imprimirse en letras de molde.
Me queda claro que en un estado democrático de derecho, la única vía legalmente reconocida para regular el juego político y nombrar funcionarios es la electoral, y que toda otra propuesta que implique el uso de la violencia es mayoritariamente descartada por la sociedad, que en mayor o menor medida recahza la violencia como ariete del cambio social.
El domingo pasado se conmemoraron 14 años de la masacre de Aguas Blancas, en la que murieron 17 campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que se dirigían a Acapulco, a realizar una movilización política. El gobernador Rubén Figueroa (hijo del otro, homónimo de negra memoria, secuestrado en 1974 por Lucio Cabañas), habría movido a su fuerza pública para impedir, “como fuera”, el mitin.
Este hecho aceitó el proceso de conformación del Ejército Popular Revolucionario, que un año después, en la conmemoración de tales hechos, irrumpió públicamente.
Ahora, en actos de proselitismo político a favor de los candidatos del PRI en Guerrero, el mismo Figueroa acaba de hacer una terrible declaración, donde confluyen cinismo, realismo político y un subconsciente muy activo: “Ya pasaron muchos años de que los crímenes eran los que resolvían los problemas políticos”, dijo Rubén Figueroa Alcocer, en referencia a las acusaciones que el PRD ha hecho contra el PRI por los homicidios de militantes perredistas.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) emitió el martes pasado una comunicación que pasó mediáticamente desapercibida, pero que puede signficar el inicio de un proceso de unidad de grupos guerrilleros en México. Todo el texto es el reconocimiento de la grave situación social, política y en materia de derechos humanos que se vive en el país, pero en particular en el estado de Guerrero. Ya en conjunto, el comunicado es un gran guiño al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), lo cual es inédito.
Señala que es imperioso organizar e impulsar de manera organizada la autodefensa popular, y remata: “Esto desde luego que no será posible si los diferentes destacamentos de lucha de nuestro pueblo marchamos cada quien por su lado, la unidad de todo el pueblo y sus organizaciones sigue siendo una tarea estratégica que todos debemos trabajar en función de ella, es tiempo de dejar a un lado los intereses que van en contra de la unidad de nuestro pueblo”.
Este párrafo, dicho por el EPR, es noticia, ya que prácticamente durante una década, otras organizaciones revolucionarias, tales como Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y aun el mismo ERPI han hecho reiterados llamados a la unificación de criterios y luchas revolucionarias, mismos que los eperristas habían ignorado hasta ahora.
La guerrilla es un asunto serio, difícilmente frivolizable. Quien toma las armas para intentar el cambio de sus condiciones de vida lo hace a sabiendas que se pone en peligro él y los suyos; por lo general toma la trascendente decisión dispuesto a romper con su vida anterior. A su vez, quien desde los ejércitos regulares enfrenta a los revolucionarios, tampoco asume que la lucha contra los guerrilleros sea parte de un feliz anecdotario. Es una guerra.
Aun así, la historia de los grupos armados en América Latina tiene como constante la personalidad recia de sus dirigentes, poseedores a su vez de un sentido del humor cáustico e inteligente.
Se habla mucho de tal condición en el Che Guevara. Un miliciano que lo conoció cuenta la siguiente anécdota:
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) hace un llamado a la población a anular su voto el próximo 5 de julio, para no avalar al régimen, y pide que lo haga anotando en la boleta el nombre completo del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), con lo que también se estará votando, dice, a favor de la lucha armada revolucionaria.
En un comunicado difundido el martes, el grupo armado dice tener “al igual que Martin Luther King (sic), un sueño”: que intelectuales, analistas, académicos de izquierda, organizaciones populares y políticas hagan a un lado sus diferencias, pequeños o mezquinos intereses para unirse en torno a un proyecto que aún dentro del marco institucional que domina podría significar un cambio que detenga la criminalización de la pobreza y la protesta popular.
Y dicen textualmente: “Un proyecto que hoy por hoy para muchos puede ser el que encabeza Andrés Manuel López Obrador”, cuyo movimiento dice que está conformado tanto por personas que no tienen congruencia política, pero también por otros “que ven con buenos ojos la vía armada revolucionaria”.
Durante cuatro días de la semana pasada, 500 efectivos militares mantuvieron sitiadas a las comunidades de Puerto de Las Ollas y Las Palancas, municipio de Coyuca de Catalán, presumiblemente con el objetivo de capturar a la columna guerrillera que encabeza Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
De acuerdo con el periódico El Sur de Acapulco, el saldo fue de 14 muertos civiles y un militar muerto, pero es una versión extraoficial, que ni siquiera el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan ha podido confirmar. Por su parte, La Jornada reporta los mismos hechos, pero no menciona ningún muerto.
Tomo la crónica de la incursión militar que hace el reportero Jesús Saavedra, del periódico El Sur, quien refiere que los pobladores denunciaron atropellos por parte de los militares quienes habrían torturado a dos personas, robado comida, maltratado a las mujeres y a los niños, y pretendido sembrar en las casas ropa militar, semilla de amapola y armas.
De manera ejemplar, Argentina y Chile tratan de cerrar la herida abierta por las dictaduras militares de los años 70, bajo cuidadosos procesos de justicia y no de venganza. Por el contrario, en México, nuestra pírrica Fiscalía para Delitos del Pasado no llegó a tocarle ni un pelo a ninguno de los torturadores de la época, que han salido impunes de sus crímenes.
La semana pasada se juntaron dos informaciones paradigmáticas. Por un lado la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) reportó que, en Argentina, fueron identificados los restos de 42 desaparecidos durante la dictadura.
Se trata de los primeros resultados de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, lanzada en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) junto con organizaciones de Guatemala y Perú, y con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Ayer, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) pidió a la Comisión de Mediación que coadyuva a buscar a sus militantes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que no se disuelva –como anunció el 21 de abril pasado-, sino que continúe sus esfuerzos frente al gobierno federal, comprometiéndose a mantener su tregua mientras dure su misión. Esto, dice el grupo, como producto de una consulta a sus bases.
La decisión sorprende a la mayoría que esperaba ya un ataque militar en respuesta a los avances (pocos o muchos) conseguidos por la Comed, ante la cerrazón del gobierno federal a avanzar en las pesquisas. Una vez más el EPR da un mentís a quienes lo etiquetan como una organización terrorista que no sabe más que echar balas y poner bombas.
Ayer mismo platiqué con Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema) al respecto, e intercambiamos puntos de vista.
La retórica revolucionaria suele ser pirotécnica. Habla de situaciones límite en materia de explosividad social y siempre del inminente cumplimiento de las condiciones objetivas y subjetivas para que una sublevación popular insurgente triunfe. Así es comunicado tras comunicado, entrevista tras entrevista, no sólo en México sino en todo el mundo.
Por eso no deberían tener especial impacto las declaraciones del comandante Ramiro (Omar Guerrero Solís) dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), cuando asegura, en una segunda entrevista con el periódico El Sur de Acapulco:
“Ya vamos a actuar, eso que ni duda les quepa, porque las condiciones que el mismo gobierno está generando para eso, pues ahora sí que aunque uno no lo quiera hacer, pues más bien nos orillan a hacerlo. (…) Y todo dependerá de la preparación militar de nuestras columnas, porque es bien sabido que para todo accionar militar se necesita una buena preparación anterior, y estamos en esa etapa en estos momentos”.
El 4 de junio de 1994 las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, una de ellas menor de edad, indígenas tzeltales, fueron violadas por soldados en un retén militar en Chiapas, en el contexto del alzamiento del EZLN.
En el 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos responsabilizó al Estado mexicano del crimen.
Sin embargo, los culpables no han sido sometidos a juicio; ni las hermanas, ni la madre de éstas, testigo de las violaciones, han sido indemnizadas. El caso es de especial importancia porque es la primera vez que el sistema interamericano ha reconocido públicamente la identidad indígena de una víctima de violación.
Es tiempo de analizar los movimientos armados en México y la seguridad nacional desde una perspectiva que trascienda el sensacionalismo, el sectarismo partidista o las páginas de policía. Este blog pretende hacer aportes para tal debate.
Depende, no sólo de su autor sino de quienes lo retroalimenten que eso se consiga. Aquí sólo se plantearán los temas, lo demás ya será resultado de las participaciones que todos tengamos martes y jueves.
Alejandro Jiménez ha sido periodista de EL UNIVERSAL desde hace ya casi dos décadas, en áreas tan variadas como Opinión (siendo editorialista político de la casa), el Centro de Documentación y aun en turismo, donde también editó y opinó. Se metió a esto del estudio de las guerrillas durante la investigación para la colección de tres tomos “Los Movimientos Armados en México”, de la que surgió a su vez el proyecto del libro “México Armado”, además tener la responsabilidad de la cobertura especial de dichos temas para esta casa editorial.
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