Las grandes empresas, seguramente las mismas que el presidente Felipe Calderón dijo que no pagan impuestos, cabildearon con todo en el Senado para tirar la reforma que aprobó la Cámara de Diputados para evitar que el juicio de amparo se siga usando como una estrategia de negocios para no pagar, ¡qué cree!... impuestos.
Y sabe qué, hay indicios de que lo hicieron tan, pero tan bien, que la iniciativa que impulsó la Secretaría de Hacienda, y que se aprobó en el primer semestre del año, no pasará en el Senado.
Desde marzo en este espacio le dimos cuenta de la reforma que impulsó el gobierno federal y que logró contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, para que se modificara el juicio de amparo a fin de que cuando la Corte declarara inconstitucional un impuesto, el mismo dejara de cobrársele a toda la población y no solo a quienes lo tramitaran como ocurre actualmente.
Antes de sentarme a escribir estas líneas no sabía quién era la juez Guillermina Coutiño Mata. No la ubicaba. Esa mala memoria mía que, a veces, sólo guarda rostros, impresiones y algunas otras cosas más, no la tenía registrada en el apartado de los nombres.
Había escuchado y leído que se trataba de una juez joven, sin experiencia como juzgadora y que apenas tenía unos meses en el cargo.
No la recordaba en los pasillos de la Suprema Corte de Justicia ni haciendo antesala en la oficina del ministro Juan Silva Meza para darle cuenta sobre algún proyecto de sentencia que había redactado.
El proceso para designar a un nuevo consejero de la Judicatura que lleva a cabo la Corte volvió a dejar inconformes. Es cierto. En todo proceso, quienes quedan fuera, se quejan, critican. Pero en esta ocasión el mecanismo que se eligió para designar al nuevo funcionario deja mucho espacio, precisamente, para esas quejas y para esas críticas.
¿Por qué? Por los motivos que expusimos en el post anterior y porque, además, creó falsas expectativas en algunos de los magistrados que buscaron el cargo pensando que las cosas habían cambiado y que por sus propias trayectorias y méritos podían obtener el cargo.
Pero la realidad les demostró que no es así. En el fondo cada uno de los ministros, bajo su propio criterio y conocimiento y prejuicios previos de los participantes elegirá, al candidato que, de antemano, ya consideraban que era el idóneo para el cargo.
La Corte cerrará el caso Acteal. Los ministros de la Primera Sala ordenarán la libertad inmediata de la mayoría de los acusados que están en prisión y que promovieron alguno de los 28 juicios de amparo que están pendientes de resolver.
La base será la misma que permitió la liberación de un grupo inicial de 20 indígenas, el 12 de agosto pasado: la fabricación de pruebas y de testigos que llevó a cabo la Procuraduría General de la República para consignar a personas inocentes y responsabilizarlas de la matanza de 45 personas ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal en Chiapas.
Y seguramente, como la vez pasada, otra vez se escucharán muchas voces que pedirán castigo para los responsables de la fabricación de testigos, pruebas y culpables, por parte de la PGR durante la administración del entonces presidente Ernesto Zedillo. Y nada, lamentablemente, nada pasará.
Ahí voy otra vez. Ojo. La elección de funcionarios clave para el país aún no ha terminado. Falta la parte buena. Esa, reitero, en donde los que tenemos credencial para votar ya no participamos: la designación de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del presidente de la CNDH, del gobernador del Banco de México y de dos consejeros de la Judicatura Federal, entre otros.
Las elecciones que faltan sólo contarán con el voto de calidad del presidente Felipe Calderón y del senador priista Manlio Fabio Beltrones, ¡no, perdón!, y del Senado de la República, salvo en el caso de uno de los consejeros de la Judicatura, que tendrá que ser designado en los próximos días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante un proceso que aún genera dudas.
Desde principio de 1995,el Consejo se ha encargado de designar, vigilar y sancionar a los más de 900 jueces y magistrados federales que actualmente operan en el país.
Casos como el de Luz y Fuerza del Centro son los que nos permiten dimensionar el poder que tiene un juez y el por qué uno debe estar atento a lo que pasa en el Poder Judicial, un sector del que mucho se habla y del que poco se conoce.
Sí. Porque no lo dude, el futuro de los trabajadores y de la Compañía quedará, en breve, en manos de un juez federal, quien tendrá que determinar si suspende o no, temporalmente, el proceso de liquidación que puso en marcha la administración del presidente Felipe Calderón.
Porque después de las medidas adoptadas por el gobierno federal, en el plano jurídico –que no en el político- el sindicato de electricistas cuenta con dos opciones para defenderse: promover un juicio de amparo en contra del decreto presidencial; y acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Hace justo una semana pasó desapercibido un juicio clave para las (los) sobrecargos y, en general, para todos los trabajadores del sector privado sindicalizados.
El lunes pasado la Corte adoptó una decisión que, en la práctica, la llevará a comportarse como si fuera la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para revisar la situación económica y contable de la Compañía Mexicana de Aviación, a fin de determinar si se justifica la autorización que solicitó y obtuvo, en el 2007, para modificar el contrato colectivo de sus sobrecargos, y con ello disminuir sus sueldos, prestaciones y aumentarles sus jornadas de trabajo.
Mexicana le pidió, desde el 2007, a la Junta de Conciliación y Arbitraje que le permitiera modificar el contrato colectivo de trabajo bajo el argumento de que su situación económica no le permitía seguir pagando ni sosteniendo los salarios y prestaciones de que gozan los sobrecargos.
Lo mismo de Toluca, Monterrey o Hidalgo nos llegan anécdotas, testimonios, denuncias de las contrataciones cruzadas que se realizan en los juzgados y tribunales de hijos, nueras, yernos, sobrinos, esposas y, como decíamos, claro, hasta los compadres, para burlar la prohibición que les prohíbe a los juzgadores contratar a familiares en sus propios tribunales.
Y como esos testimonios -enviados al foro que se abrió para tratar a este tema, como comentarios al margen de las notas y al correo- son los que realmente importan, les cedo el espacio.
Cuando quieren, los jueces suelen dar verdaderas lecciones de cómo se le puede dar la vuelta a alguna disposición para poder burlarla.
Uno diría, o pensaría, que son los mejor capacitados, para interpretar las leyes y acatarlas. Pero, la realidad, nos muestra, que cuando quieren, en serio, también son los mejores para burlarlas.
Y sino, mire usted. Tuvieron que pasar un buen número de acciones (que fueron de proyectos del presidente de la Corte, Guillermo Ortiz frenados por reticencias de magistrados laborales y penales, hasta un reforma legal) para que, finalmente, el 29 de mayo pasado entrara en vigor un acuerdo que emitió el Consejo de la Judicatura Federal para reglamentar la forma en que se llevaría a cabo la grabación de las sesiones que llevan a cabo los tribunales colegiados en todo el país.
Hay ocasiones en las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega tarde a la discusión de ciertos temas. La posesión de drogas para consumo personal por parte de los farmacodependientes es uno de esos temas.
Después de dos sesiones de discusión, de la ausencia de un ministro, del mismo que está a cargo del caso, y de un puente inusualmente largo –en medio de una larga lista de pendientes y de asuntos retrasados- finalmente la Corte se alista para declarar inconstitucional el artículo 199 del Código Penal Federal por considerarlo discriminatorio para los farmacodependientes.
Con base en dicho artículo se procesaba a los farmacodependientes que eran detenidos con una cantidad de droga exclusiva para su consumo.
Pocos personajes son tan necesarios y tan poderosos como los jueces.
Y pocos, realmente pocos, son quienes los conocen, quienes ubican sus múltiples rostros. Porque la justicia tiene muchos rostros, tantos como las sentencias que emite, y hay que comenzar a retratarlos, a dibujarlos, a descubrirlos si usan máscaras, para dejar testimonio de ellos, para colocarlos, cada que sea necesario, en el banquillo de este espacio periodístico.
Porque a los jueces y a sus sentencias también se les puede y se les debe juzgar -y en su caso aplaudir-, porque lo mismo afectan o benefician vidas que derechos, bienes, familias, libertades. Pero no hay que caer en la trampa de hacerlo a través del comentario fácil, de la descalificación sin argumentos, del insulto, porque a los jueces, a los de verdad, los curtidos, eso no les duele.
De mí sólo basta decir que soy un reportero al que las circunstancias lo llevaron a especializarse en este mundo raro de los jueces.
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