Blogs

La simulación es una práctica constante en el sistema político mexicano, una herencia que sigue haciendo estragos a pesar de la apertura democrática de un país que pasó de la autocracia a una democracia procedimental apenas en 1997, pocas veces se obtienen buenos resultados aunque a veces parece que ésta sirve para modificar patrones cuyo epicentro se encuentra en otro lado.

Artículo 19 ha trabajado los últimos seis años defendiendo el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en nuestro país, para hacerlo lo hemos hecho en distintas vías: el diálogo con los actores estatales, la construcción de propuestas conjuntas, la sistematización y difusión de datos relacionados con las agresiones a periodistas, la asesoría legal y el litigio de casos relacionados y la evaluación de las políticas públicas tendientes a hacer éste un país de garantías respetadas e instituciones. No es poco trabajo.

Se aprobó la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y no, no estamos celebrando, hay muchas razones para no hacerlo, la principal se encuentra en los efectos que ha tenido la legislación actual en la cotidianidad de quienes ejercen la libre expresión en nuestro país, podemos decir que los efectos son mixtos por un lado hoy contamos con mecanismos legales específicos y oponibles que permiten asignar responsabilidades claras a los responsables del Estado en la garantía del ejercicio de derechos pero por otro lado los principales agresores a la prensa siguen impunes. Esto podría significar que los esfuerzos no son suficientes o que el Estado simula defender y garantizar para no hacer su trabajo, preferimos pensar lo segundo.

El potencial de conflicto entre la libertad de expresión y la propiedad intelectual no es nuevo.

Desde la invención de la imprenta, los que tienen un interés financiero en la difusión de las obras intelectuales y las ideas han buscado protección legal para sus intereses.

Tradicionalmente, la ley de propiedad intelectual ha tratado de lograr un equilibrio entre los intereses en juego, es decir, los derechos de los creadores y otros titulares de derechos de propiedad creativa por un lado, y por otro lado, el derecho del público de acceso a dichas obras. Y en su núcleo, el derecho de propiedad intelectual tiene por objeto promover la creatividad, objetivo que en la llamada “era digital” parece ir en sentido contrario.

Ciudad de México (20/3/2012). El informe que hoy se entrega al público, hará que los lectores minuciosos conozcan esa sobrecogedora sensación de pasar desde el terror y el asco a la sorpresa y la admiración.

De mí sé decir que sentí la presencia del mal en sus múltiples formas y que, como muy pocas veces antes, me encontré con todo el poder que pueden alcanzar unos hombres y mujeres armados solo con palabras. Los periodistas mejicanos, lo demuestra el informe, están enfrentando con la sola defensa de sus palabras, enemigos poderosos que disponen del poder del dinero y la fuerza de las armas; y para aumentar el asombro, no solo reciben los ataques mortales que vienen desde las trincheras de los narcotraficantes; la agresión también les viene desde donde menos lo puede esperar un ciudadano, desde los cuerpos de seguridad que, increíble paradoja, no proveen seguridad sino inseguridad y amenazas, y desde el gobierno en todos sus niveles.

De ese enfrentamiento desigual de todos contra los profesionales de la palabra, han quedado los 11 periodistas asesinados el año pasado, cuando hubo 172 agresiones contra personal y medios de prensa. Esto hizo parte de un proceso que desde el año 2000, a través de 565 actos de agresión, han producido la muerte de 66 periodistas y la desaparición de 13. De esta naturaleza son los datos de la denuncia que ante México y ante el mundo, lanza hoy Artículo 19, para que la comunidad mundial conozca, entre otros hechos, la escandalosa agresión del gobierno mejicano contra la prensa.

Vuelve la misma pregunta, ¿quién tiene más derechos? ¿las víctimas? ¿los victimarios? Aunque parece una pregunta importante y que mediáticamente tiene mucha resonancia, es una pregunta ociosa: todas las personas con todos los derechos. La diferencia radica en la ley y sus excepciones, en las instituciones encargadas de darles correcta aplicación, en la convicción del Estado por sujetarse al principio de legalidad; ahí radica la diferencia.

Pensemos en el caso de Florence Cassez y el debate generado por la ponencia del Ministro Zaldivar, pensemos si queremos estar del lado de quienes confunden venganza con justicia (como Isabel Miranda de Wallace) o si aspiramos, como el Ministro, a un país donde el cumplimiento de la ley para todos y la garantía de el ejercicio de sus derechos sean la regla y no la excepción.

Lo anterior es relevante también para los medios de comunicación que muchas veces toman decisiones editoriales basadas en una respuesta incorrecta de estas preguntas. Con el afán de “ganar una nota”, los medios se vuelven cómplices de instituciones que rompen la ley y que poco se interesan por la defensa al derechos de las personas (víctimas y victimarios).

El pasado lunes iniciamos la semana con la noticia de que el jurista Jorge Carpizo demandó civilmente por daño moral a la periodista Anabel Hernández y a la editorial que publicara el libro “Los señores del narco”.

La actual controversia nuevamente coloca en el debate los alcances y límites en el ejercicio de la libertad de expresión, así como su impacto frente a otros derechos humanos como son los de protección de la honra y dignidad así como los de rectificación y respuesta.

Como es ampliamente conocido, el derecho humano a la libertad de expresión no es parte de los derechos humanos considerados absolutos, por lo que su ejercicio acepta restricciones y limitaciones, mismas que deben cumplir con la prueba tripartita (estar en ley; servir a fines legítimos conforme el derecho internacional de los derechos humanos; además de ser necesarios y proporcionales en una sociedad democrática).

Instituciones van y vienen, reformas constitucionales y legales, inversión de recursos públicos en la construcción de un entramado que garantice derechos, y a pesar de ello, una y otra vez constatamos que el poder de los gobernadores constituye un verdadero feudo que no admite contrapeso alguno: La opacidad y discrecionalidad en la utilización de recursos públicos destinados a la Publicidad Oficial son muestra clara de la existencia de poderes sin ningún tipo de vigilancia y control.

El Diagnóstico 2011: Acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas , presentado este martes por las organizaciones ARTÍCULO 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., muestra una realidad que a todas luces atenta contra la democracia y sus instituciones, la cual supone un régimen acotado y vigilado obligado a rendir cuentas de cada una de sus acciones.

Los hallazgos de este diagnóstico son preocupantes, primero, porque demuestran una violación a los artículos 6° y 134° de la Constitución y a cada una de las Leyes de Transparencia en las entidades federativas, los cuales establecen el principio de máxima publicidad y la obligación de poner a disposición del público el ejercicio de los recursos públicos y, segundo, la debilidad de los órganos garantes de la transparencia y acceso a la información pública, así como de las instituciones encargadas de la fiscalización del gasto en los estados. En resumen, la inexistencia de un sistema de rendición de cuentas efectivo que castigue la opacidad y el ejercicio ilegal del gasto en publicidad oficial. Veamos: El Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en los estados 2011 da cuenta de la opacidad a la que nos referimos: Once entidades (34.37%) no entregaron ningún tipo de información: Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nuevo león, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas; Otras once entidades entregaron sólo el total de los gastos ejercidos por año sin ningún tipo de desglose: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán; Ocho entidades (25%) entregaron información con algún desglose del gasto en comunicación social y sólo dos (6.25%) entregaron información completa como se solicitó: Colima y Sonora.

La situación de vulnerabilidad en la que se ejerce la libertad de expresión en Chihuahua se gestó a lo largo de los últimos años. Ese estado tiene uno de los índices más altos de agresiones a periodistas y medios en el país (56 sólo de 2009 a la fecha), al menos diez comunicadores han sido asesinados en el lapso de una década y otros seis han tenido que abandonar el país tras recibir amenazas de presuntos integrantes de la delincuencia organizada y funcionarios del gobierno estatal. En 2011, de las 15 agresiones registradas, el 86% fueron perpetradas por un servidor público, en su mayoría (86.6%) fueron amenazas, detenciones ilegales y agresiones físicas y/o al equipo de trabajo. Las cometidas por grupos del crimen organizado apenas alcanzaron 6.7% en ese mismo año.

De esta información podemos arribar a dos conclusiones: 1) Los principales perpetradores de agresiones en contra de la prensa son actores estatales (funcionarios públicos) en el contexto de la cobertura de operativos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 2) Fracasó todo lo que se ha hecho hasta el momento desde el Estado para solucionar el problema. Si bien Chihuahua se convirtió en el primer estado en crear un mecanismo especial para la protección de periodistas en México, su rotundo fracaso es evidente. Ahí están las cifras y las demandas reiteradas de las asociaciones de periodistas.

Ciertamente la apertura de las autoridades chihuahuenses es digna de reconocimiento, sin embargo el gesto por si sólo es insuficiente. Desde que se lanzó el mecanismo de protección a periodistas en agosto en 2010 hasta la fecha, poco se conoce sobre el presupuesto asignado, la manera en que se gastó, el número de casos que conoció, atendió y desechó. Falta transparencia y rendición de cuentas. A pesar de que no hay suficientes elementos para que el grupo objetivo y el resto de la sociedad evalúe el desempeño, el gobierno de Chihuahua estuvo apunto de embarcarse en la renovación del acuerdo la semana pasada, afortunadamente el evento fue cancelado.

La crisis de seguridad pública por la que atraviesa Ciudad Juárez no es un secreto, según los estudios realizados por expertos en el tema es la segunda ciudad más violenta del mundo. Junto con las personas que defienden derechos humanos, la prensa es uno de los grupos particularmente vulnerables. En 2008 fue asesinado el reportero veterano de asuntos policíacos Armando Rodríguez, dos años después, el fotógrafo Luis Carlos Santiago sufrió un atentado en donde también perdió la vida. Por lo menos 8 periodistas de esa ciudad tuvieron que huir y solicitar refugio en el extranjero. Quienes ejercen el periodismo enfrentan un nivel de riesgo bastante alto, primero por el hecho de vivir en esa ciudad, en segundo lugar por el tipo de información que difunden y, ahora también, por el simple hecho de ser ejercer esa profesión.

De acuerdo con una investigación del Diario de Ciudad Juárez, en los últimos 9 meses por lo menos 12 periodistas han sido objeto de agresiones físicas, amenazas y detenciones arbitrarias e ilegales mientras cubrían las actividades de la policía municipal de esa ciudad.

Tanto la Red de Periodistas de Juárez como la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, han denunciado públicamente la situación y demandado las garantías necesarias de seguridad para la cobertura de las actividades policiacas. Sin embargo las autoridades municipales, en particular los mandos de la policía municipal, han respondido como de costumbre a las protestas de la prensa, simplemente ignorándolas.